Abogado Javier Urquizo logra prisión preventiva, pero penas de 4 a 8 años resultan insuficientes
La justicia en Múzquiz avanza firme contra Ramiro N., acusado de abuso sexual a menor, con prisión preventiva y posibles nuevas denuncias familiares.
En Múzquiz, Coahuila, este viernes un juez dictó prisión preventiva justificada contra Ramiro N., acusado de presunto abuso sexual contra una menor, asegurando su reclusión durante la investigación complementaria y abriendo la posibilidad de nuevos procesos legales.
Avances judiciales en el caso Ramiro N.
El proceso legal iniciado en diciembre de 2024 contra Ramiro N. por presunto abuso sexual a una menor continúa con rigor. El caso se formalizó en marzo de 2025 y, tras la apelación de la defensa sobre la prisión preventiva, se realizó una audiencia final que duró casi cinco horas. Durante esta, el juez rechazó la solicitud de arresto domiciliario, pese a los argumentos de salud presentados por la defensa. La medida cautelar más estricta, prisión preventiva justificada, fue impuesta para evitar riesgos de evasión y obstrucción del proceso.
Conflicto de intereses y renovación de equipo ministerial
Se detectó un conflicto de intereses en el equipo inicial de la Fiscalía, ya que la coordinadora de los ministerios públicos había defendido previamente al imputado. Ante esto, la delegada regional, Isadora Rodríguez, removió a dicha funcionaria y su equipo, asignando el caso a ministerios públicos especializados para garantizar la imparcialidad.
Nuevos testimonios y posibles denuncias
El abogado de la familia, Javier Urquizo, informó que el acompañamiento psicológico a la menor ha revelado nuevos testimonios que señalan posibles abusos de Ramiro N. contra otras niñas, incluso familiares cercanas. Estos indicios serán integrados en la carpeta de investigación, y se invita a posibles víctimas a denunciar para proteger a los menores.
Contexto legal y penas aplicables
El abuso sexual tiene penas que van de cuatro a ocho años, con aumentos posibles por vínculo familiar. Urquizo señaló que, debido a la edad del acusado, podría solicitar beneficios como prisión domiciliaria al cumplir 70 años. Además, alertó sobre la vigilancia social necesaria para evitar libertades anticipadas en casos de alto impacto.
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