Advierten fallas estructurales en proceso electoral del 1 de junio
El Observatorio Electoral Judicial advirtió que la inequidad será el sello de la primera elección judicial en México, debido a fallas estructurales.
El Observatorio Electoral Judicial presentó un informe en el que alerta sobre “serias deficiencias” en la organización de la primera elección judicial en México, que se celebrará el 1 de junio de 2025. Según el documento, las fallas se originan en la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024, aprobada e implementada con premura.
El análisis destaca dos obstáculos principales: el escaso tiempo de preparación del proceso y la insuficiencia presupuestal. El presupuesto otorgado por el Instituto Nacional Electoral (INE) fue 52% menor al requerido, lo que provocó una drástica reducción de personal capacitado y de casillas. En total, se instalarán 84,021 casillas, muy por debajo de las 170,182 de la elección federal de 2024.
De acuerdo con el observatorio, este tipo de elección requería al menos diez meses de organización, pero el actual proceso se ha desarrollado en menos de ocho meses, lo que compromete su integridad.
Boletas y distribución de candidaturas generan condiciones desiguales
El informe también cuestiona el diseño de las boletas y la distribución de vacantes y candidaturas, señalando que estas decisiones han provocado condiciones inequitativas en la contienda. Según el análisis, de las 3,202 personas candidatas, 201 no tienen posibilidades reales de ganar, y otras 103 tienen menos del 2% de probabilidad.
En contraste, 133 personas candidatas tienen garantizado el triunfo, ya que compiten como únicas opciones en sus respectivas regiones, debido a criterios de especialidad, paridad y geografía que favorecieron candidaturas únicas.
Llamado a corregir fallas antes del próximo ciclo electoral
El Observatorio Electoral Judicial llamó a las autoridades federales a reflexionar sobre este proceso y corregir los errores antes del ciclo electoral 2026-2027. Entre las propuestas están reformas legislativas profundas, reglas operativas claras y un rediseño de boletas que permita una competencia justa y comprensible para la ciudadanía.
El documento también reconoce que las autoridades electorales han tenido que resolver vacíos legislativos “sobre la marcha”, pero advierte que la responsabilidad última recae en el Consejo General del INE, por ser la instancia encargada del diseño de boletas y distribución de vacantes.
Riesgo de impugnaciones podría afectar integridad del proceso
El informe concluye que la inequidad podría derivar en múltiples impugnaciones, ya que 234 personas candidatas tienen elementos suficientes para cuestionar los resultados. El Observatorio anunció que seguirá de cerca los casos en los que se impugne la elección, particularmente cuando se presenten evidencias de afectaciones originadas por el diseño de boletas.
“La justicia electoral deberá garantizar los derechos políticos y electorales, tanto de las candidaturas como de la ciudadanía, algo que hasta el momento no ha sucedido”, puntualiza el informe.
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