Afectado denuncia fraude de entre 30 y 40 millones y acusa la existencia de un “Cártel Inmobiliario” encabezado por exfuncionario estatal

De acuerdo con los demandantes, este martes se interpusieron demandas civiles y penales.

Un presunto fraude millonario, estimado entre 30 y 40 millones de pesos, fue denunciado públicamente este martes por un grupo de afectados, quienes señalaron directamente al exfuncionario estatal Mauro Ornelas como principal responsable. Los denunciantes aseguran que Ornelas, extitular de la CERTTURC Coahuila (Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila), habría encabezado una red que ellos mismos califican como un “Cártel Inmobiliario”, dedicada a operaciones fraudulentas en la compraventa de terrenos y propiedades.

De acuerdo con los demandantes, este martes se interpusieron demandas civiles y penales en contra de Mauro Ornelas, así como de Magdalena García Rosas, su hijo Arturo Navarro y Leobardo Hernández González, señalados por presunta participación en los mismos hechos.

Las víctimas aseguran que los acusados realizaron negociaciones utilizando documentos falsificados o alterados, aprovechando la información y los contactos que Ornelas mantenía gracias a su anterior cargo público. Según los denunciantes, los terrenos eran ofrecidos bajo la promesa de pronta regularización, pero los compradores nunca recibieron la propiedad legal ni la devolución de su dinero.

De acuerdo con la acusación, Mauro Ornelas habría aprovechado su posición en la CERTTURC para identificar terrenos susceptibles de explotación comercial, utilizando información privilegiada del gobierno estatal. Ese acceso, señalan, le permitió manipular procesos de compraventa y presentar supuestos documentos oficiales para dar apariencia de legalidad a las operaciones.

Las víctimas reportan que existen decenas de personas afectadas en distintas regiones del estado. En conjunto, el monto defraudado superaría los 30 millones de pesos, aunque estimaciones preliminares lo sitúan hasta en 40 millones.

Los denunciantes presentaron sus demandas ante la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de recuperar los recursos entregados y exigir sanciones contra los implicados. Las autoridades ministeriales han iniciado el rastreo de cuentas bancarias y propiedades a nombre de los señalados, a fin de determinar el flujo de dinero y el destino de los fondos obtenidos mediante las transacciones irregulares.

Mientras las investigaciones avanzan, las autoridades analizan la posible comisión de delitos como fraude, falsificación de documentos, uso indebido de funciones públicas y asociación delictuosa. En el caso de Ornelas, su condición de exfuncionario agrava el proceso, ya que habría utilizado información confidencial durante su gestión.

Este medio buscó a Mauro Ornelas para conocer su versión, pero hasta el cierre de esta edición no ha concedido entrevistas. Sin embargo, a través de su cuenta de Facebook publicó un mensaje en el que confirmó su salida de la CERTTURC, asegurando que su decisión “no responde a un circo mediático”, sino a una situación que arrastraba desde hace dos años.

En la publicación afirmó que “tocó todas las puertas posibles para que muchas familias lograran obtener sus escrituras” y sostuvo que enfrentó acoso laboral, amenazas y acuerdos oscuros. Dijo lamentar que “este 2025 no iban a permitir que se concretara ninguna escritura” y agradeció al gobernador Manolo Jiménez por la confianza durante su gestión.

Finalmente, los denunciantes insistieron en que el término “Cártel Inmobiliario” fue acuñado por ellos para describir la magnitud del grupo y la forma organizada en la que operaban los presuntos responsables.

De comprobarse los señalamientos, el caso podría convertirse en uno de los fraudes inmobiliarios más grandes registrados en Coahuila.

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