Apertura energética derivó en evasión fiscal masiva de gasolinas

La apertura del mercado de combustibles en México derivó en un contrabando fiscal millonario que hoy impacta precios, recaudación y competencia, según estimaciones oficiales.

La importación ilegal de gasolinas y diésel, conocida como huachicol fiscal, representa un costo anual de MXN$177.170 millones para México y ya equivale a 30% de las ventas totales de combustibles en el país, de acuerdo con PetroIntelligence.

Huachicol fiscal: un boquete para las finanzas públicas

La apertura del mercado de gasolinas y diésel en México, impulsada durante la década pasada para fomentar competencia y mejores precios, derivó en un problema de gran escala para las finanzas públicas. Según estimaciones de la consultora PetroIntelligence, la importación ilegal de petrolíferos genera pérdidas anuales por MXN$177.170 millones, equivalentes a US$9.800 millones.

El fenómeno alcanzó una dimensión estructural. Durante 2024, el contrabando de combustibles representó 30% de las ventas totales de gasolinas y diésel en el país, de acuerdo con un reporte elaborado con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

PetroIntelligence calculó que, si la recaudación potencial de la gasolina regular se destinara directamente a reducir precios, el combustible podría bajar MXN$2,78 por litro durante todo el año.

Reforma energética y vacíos de control

La reforma energética impulsada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) permitió la entrada de inversión privada y puso fin al monopolio de Pemex en la cadena de hidrocarburos. El Gobierno prometió mejores precios mediante competencia, infraestructura y eficiencia logística.

Sin embargo, factores como el tipo de cambio, precios internacionales, impuestos y costos de distribución limitaron el impacto en los consumidores. La gasolina regular pasó de MXN$12 por litro en 2013 a MXN$17 en 2018, mientras que la Premium acumuló incrementos superiores a 40% en ese periodo, según datos del sector.

Analistas coinciden en que la apertura avanzó más rápido que el fortalecimiento de controles. “La apertura funcionó donde hubo reglas claras; falló donde el Estado dejó vacíos de control”, señaló Marcial Díaz, analista de Qua Energy, en entrevista con Bloomberg Línea.

De robo físico a evasión fiscal

Antes de la liberalización, el principal delito era el robo de combustible a ductos de Pemex. Entre 2012 y 2018, las tomas clandestinas pasaron de 1.600 a 14.900, un aumento de 830%, según datos de Pemex.

Con la apertura del mercado, el delito evolucionó hacia la evasión fiscal. Grupos criminales aprovecharon fallas en aduanas, fiscalización y trazabilidad, declarando combustibles como aditivos, aceites o lubricantes para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que representa cerca de 40% del precio final.

“El delito cambió de manguera a factura”, resumió Díaz. El SAT detectó en 2021 un crecimiento atípico de 79% en importaciones de lubricantes sin respaldo en la actividad económica, utilizados para introducir combustible sin impuestos.

Impacto en empresas y competencia

El contrabando permitió vender combustibles entre 20% y 30% más baratos que los productos legales, afectando a empresas formales. Aunque la reforma atrajo a compañías como Exxon, Shell y Valero, la competencia desleal redujo sus márgenes y provocó salidas del mercado. En 2021, la Secretaría de Energía revocó 1.866 permisos de importación; actualmente sólo cinco permanecen vigentes.

Shell incluso decidió abandonar la importación de combustibles y vender su negocio minorista en México.

Estrategias recientes y decomisos

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se implementaron cierres de ductos y operativos contra el huachicol, aunque el contrabando fiscal se mantuvo. Su sucesora, Claudia Sheinbaum, reforzó controles aduaneros y ejecutó operativos que permitieron el decomiso de 25 millones de litros de combustible ilegal en Tamaulipas y Coahuila.

Las investigaciones derivaron en órdenes de aprehensión contra empresarios, exfuncionarios aduanales y elementos de las fuerzas armadas. Las autoridades señalaron el uso de documentos apócrifos, empresas fachada y flujos financieros irregulares para facilitar el contrabando.

Recaudación y factor Estados Unidos

Entre enero y septiembre de 2025, la recaudación tributaria creció 9%, alcanzando MXN$542.000 millones, de los cuales MXN$200.000 millones correspondieron a impuestos ligados al comercio exterior, informó la Secretaría de Hacienda.

El 90% de las importaciones ilegales de combustibles proviene de Estados Unidos, según autoridades mexicanas. Ambos países acordaron reforzar el intercambio de inteligencia y cooperación contra el contrabando, mientras el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones a organizaciones criminales vinculadas al robo y tráfico de combustible.

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