Bancos deben demostrar legitimidad de operaciones: SCJN.
La SCJN protege a los usuarios bancarios. Los bancos ahora deben demostrar la autenticidad de los cargos en disputa.
En un fallo histórico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció una nueva jurisprudencia que obliga a las instituciones bancarias a demostrar con documentos fehacientes la legitimidad de los cargos no reconocidos en tarjetas y cuentas, invalidando el uso de la "confesión ficta" por la sola inasistencia del usuario a una audiencia.
SCJN ordena a bancos comprobar cargos no reconocidos por usuarios
La máxima corte del país emitió un fallo que fortalece los derechos de los consumidores financieros y redefine las reglas del juego en los juicios por operaciones no reconocidas.
La SCJN determinó que, en los procesos legales por cargos no reconocidos en tarjetas de crédito, débito o cuentas bancarias, es insuficiente que la institución financiera invoque la "confesión ficta" —una figura legal que presume ciertos hechos como ciertos por la falta de comparecencia de una parte— para dar por válida una operación.
Probanza recae en las instituciones financieras
De acuerdo con la jurisprudencia, la carga de la prueba recae sobre el banco, el cual está obligado a acreditar, mediante documentos claros y procedimientos confiables, que fue el propio usuario quien autorizó y realizó cada operación cuestionada. Solo cuando el banco demuestre plenamente la legitimidad del cargo, mediante documentación certificada y el correcto funcionamiento de sus sistemas, la carga probatoria podría revertirse.
Fallo se alinea con nuevas medidas legislativas
Esta decisión del Poder Judicial coincide con medidas recientes del Legislativo. La Cámara de Diputados avaló una iniciativa que, entre otras disposiciones, prohíbe la emisión de tarjetas no solicitadas y obliga a los bancos a incluir en sus aplicaciones y portales un botón visible y de acceso directo para la cancelación de plásticos, con un proceso que no debe exceder los cinco días hábiles.
El fallo de la Corte y las nuevas normas legislativas representan un cambio significativo en la dinámica de poder entre los usuarios y la banca, priorizando la transparencia y la protección de los derechos del consumidor.
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