Buscan elevar penas por falsificar uniformes militares

El diputado Mario Alberto López Hernández (PVEM) impulsa una iniciativa que reforma el artículo 250 Bis del Código Penal Federal, para establecer de 12 a 15 años de prisión (actualmente es de cinco a 12 años), al que cometa el delito de falsificación de uniformes y divisas de las Fuerzas Armadas o de cualquier institución de seguridad pública.

La propuesta, enviada a la Comisión de Justicia de San Lázaro, destaca que el fin legal es proteger la integridad de los símbolos oficiales y prevenir su uso indebido para fortalecer la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el orden social.

"El delito de falsificación de estos elementos representa una amenaza significativa, ya que puede ser utilizado para cometer delitos y debilitar la autoridad institucional, poniendo en riesgo la seguridad pública", señala la iniciativa en su exposición de motivos.

Considera que la falsificación de uniformes y divisas puede tener consecuencias graves para la seguridad pública e integridad institucional, ser utilizados para suplantar a agentes de seguridad, cometer delitos como extorsiones, robos o incluso actos terroristas, y generar confusión o desconfianza, lo que representa una amenaza a la seguridad nacional e instituciones.

Señala que los uniformes, insignias, credenciales, medallas, divisas, gafetes, escudos, documentos y otros elementos que conforman la vestimenta y la identificación de las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad pública cumplen funciones esenciales en el ejercicio de sus labores.

"Estos símbolos representan la autoridad, el profesionalismo y la legitimidad de quienes los portan, además de facilitar la identificación de los miembros de dichas instituciones por parte de la ciudadanía y otros actores sociales", se agrega.

Subraya que la exclusividad y protección de estos símbolos oficiales asegura que sólo quienes cuentan con la autorización correspondiente puedan fabricarlos, distribuirlos y utilizarlos en el ejercicio de sus funciones.

"La autenticidad de estos elementos es crucial para mantener la confianza pública y garantizar que las acciones de los agentes de seguridad se reconozcan y se respeten. Estos símbolos representan la autoridad, el profesionalismo y la legitimidad de quienes los portan, además de facilitar la identificación de los miembros de dichas instituciones por parte de la ciudadanía y otros actores sociales", apunta.

Reitera que hoy, el artículo 250 Bis prevé penas de cinco a 12 años de prisión y hasta 500 días de multa para quienes cometan dicho delito; añadió que la severidad de estas sanciones refleja la gravedad del ilícito, así como su impacto en la seguridad.

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