Cámara de Diputados aprueba reforma contra el delito de extorsión
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que permitirá al Congreso expedir una Ley General para combatir el delito de extorsión.
Con 474 votos a favor, la Cámara de Diputados avaló la iniciativa presidencial de Claudia Sheinbaum que unifica el marco legal contra la extorsión, estableciendo persecución de oficio y sanciones homogéneas en todo el país.
Unificación legal contra la extorsión
La reforma al artículo 73 de la Constitución Política faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General contra el Delito de Extorsión, eliminando vacíos legales y asegurando que todos los estados apliquen un marco penal homogéneo. La iniciativa fue remitida al Senado de la República por la Mesa Directiva encabezada por la diputada panista Kenia López.
Incremento del delito en México
Durante la exposición del dictamen, el legislador morenista Leonel Godoy destacó que la extorsión aumentó 58% en seis años, pasando de 19 casos diarios en 2018 a 29 en enero de 2025. Los delitos más frecuentes son estafas telefónicas y cobro de piso, afectando comercios, carreteras, negocios y actividades rurales.
Por su parte, el diputado del PAN Héctor Saúl Téllez señaló que en los primeros diez meses del gobierno de Sheinbaum se registraron 9 mil 21 casos, superando los periodos equivalentes de administraciones anteriores, evidenciando un crecimiento sostenido de la extorsión.
Desafíos y disparidad de penas
El legislador priista Alejandro Domínguez alertó sobre la alta cifra negra, con 97.2% de casos sin denuncia según la Encuesta Nacional de Victimización 2023 del INEGI. La reforma busca uniformar las penas, actualmente variables: federalmente de 2 a 8 años, Oaxaca de 1 a 3 años y Chihuahua de 5 a 30 años, para garantizar un castigo equitativo y más efectivo.
Definición y concentración del delito
El Código Penal Federal define la extorsión como la acción de obligar a alguien a dar, hacer o tolerar algo para obtener un lucro o causar un perjuicio patrimonial. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que ocho entidades concentran más del 50% de los casos: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
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