CANACO emite postura ante aprobación del DAP en Piedras Negras
El impuesto al derecho al alumbrado publico fue aprobado por el cabildo en sesión ordinaria
Ante la reciente decisión del Cabildo de Piedras Negras, Coahuila, de autorizar el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) a través de un incremento de hasta 2.5 % en los recibos de energía eléctrica para el sector comercial, la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) ha emitido un comunicado en el que expresa tanto su reconocimiento a la necesidad del alumbrado público como su profunda preocupación por el impacto económico y social que esta medida podría acarrear.
En dicho comunicado, CANACO comienza por subrayar su coincidencia en torno al valor del alumbrado público como servicio esencial para la comunidad. Enfatiza que este servicio no solo aporta una mayor seguridad, sino que también es un elemento indispensable para la vitalidad del entorno urbano y para la confianza de consumidores y comerciantes. Sin embargo, advierte que el mecanismo y la magnitud del cobro aprobado ponen en tensión los principios de proporcionalidad y carga justa, y podrían generar efectos adversos tanto en los negocios como en la ciudadanía en general.
El organismo empresarial manifiesta su inquietud respecto a que el cobro vía recibo eléctrico, al ser un porcentaje sobre el consumo, puede resultar regresivo y afectar de manera desproporcionada a las pequeñas y medianas empresas. Señala que para muchas empresas lo que podría parecer un porcentaje marginal se traduce en incrementos significativos en sus costos operativos; mencionan que esto podría derivar en cierres, despidos o ajustes de precios que, a su vez, impacten al consumidor final.
CANACO hace hincapié en la necesidad de que cualquier medida fiscal sea acompañada de un análisis riguroso y transparente. Exige que el Ayuntamiento justifique por qué este método –un porcentaje del consumo eléctrico– resulta más adecuado que alternativas como tarifas fijas, cuotas diferenciadas por tipo de establecimiento o, incluso, soluciones innovadoras que reduzcan el costo de alumbrado, como la transición a tecnología LED o sistemas fotovoltaicos.
Asimismo, desde una perspectiva financiera, la Cámara insta al municipio a presentar un desglose claro del destino de los recursos obtenidos, detallando cuánto se destinará al mantenimiento del sistema de alumbrado público, cuánto al reemplazo de luminarias por tecnologías más eficientes, y cuánto podría contemplarse para subsidios o apoyos a los sectores más vulnerables. Alertan que la opacidad en el uso de esos recursos puede minar la confianza de la población y fomentar la percepción de una imposición arbitraria.
El comunicado también recuerda fallos y observaciones que se han manifestado a nivel nacional. Especialistas legales han abordado que una contribución calificada como derecho –como debería ser el DAP– debe tener una base objetiva, proporcional y equitativa, y no relacionarse con la capacidad de pago del contribuyente, sino con el costo real del servicio ofrecido y la extensión del beneficio recibido. En algunos casos, incluso, se ha exhortado a municipios a eliminar este cobro porque se considera inconstitucional y contrario a los principios tributarios. CANACO invoca esos criterios para pedir al gobierno local que revise si la imposición respeta los marcos legal y constitucional, evitando un posible desencuentro jurídico que termine en litigios o en rechazo ciudadano.
En ese tenor, la institución expone que comparte plenamente el objetivo de garantizar servicios públicos eficientes, pero resalta que la carga fiscal debe ser el último recurso, no el primero. Instan al Ayuntamiento a revisar, antes de implementar el DAP de esta manera, opciones que podrían aliviar la presión sobre las empresas: por ejemplo, revisar la eficiencia del gasto en eventos municipales que podrían ser reorientados; optimizar contratos y costos operativos del gobierno; y explorar financiamiento para modernizar el sistema de iluminación, lo que a largo plazo reduciría significativamente el costo de operación y de la contribución.
CANACO concluye con un llamado a la unidad y al diálogo. Propone un espacio de colaboración con el gobierno municipal, con participación empresarial, académica y ciudadana, para analizar el esquema fiscal, evaluar las alternativas y diseñar una propuesta más justa y viable para todos. Afirma que la mejor administración pública se construye con consenso y transparencia, no con imposiciones unilaterales.
Noticias del tema