Ciudadano propone reforma a ley de transporte en Coahuila para garantizar movilidad digna y sustentable
Una iniciativa ciudadana busca reformar la ley de movilidad en Coahuila para garantizar un transporte digno, sustentable, seguro y justo para todos los usuarios.
Héctor Manuel Garza Martínez, abogado con maestría en Derecho presentó en su calidad de ciudadano una iniciativa popular con proyecto de decreto para reformar la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable del Estado de Coahuila.
El objetivo: transformar el transporte público en un servicio incluyente, moderno, sustentable y con responsabilidad legal, que beneficie directamente a los más vulnerables.
Una iniciativa ciudadana con enfoque social y jurídico
La propuesta, aunque jurídicamente compleja, ha sido calificada por su autor como una herramienta de justicia social, pensada especialmente “para quienes no tienen un vehículo propio y dependen del transporte público”, resaltó.
“Solo basta subirse a un camión o verlos pasar para notar la falta de interés de nuestras autoridades”, denunció Héctor Manuel Garza Martínez, al referirse al abandono que vive actualmente el sistema de transporte en Coahuila.
La iniciativa busca actualizar y armonizar el marco jurídico en la materia, integrando principios de dignidad humana, seguridad vial, sustentabilidad y combate a la corrupción.
El abogado informó que la iniciativa la presentó el pasado 12 de septiembre ante el Congreso Local y le fue admitida para su revisión y análisis con el fin de que sea tratado el tema en el pleno del mismo y pueda ser tomada en cuenta.
Movilidad como derecho humano y obligación estatal
Uno de los pilares de la propuesta es garantizar la movilidad como un derecho humano, lo cual implica que el Estado debe brindar servicios seguros, accesibles, eficientes y no contaminantes.
Entre las propuestas más innovadoras destacan:
La creación de un nuevo título legal sobre responsabilidad penal vinculada al transporte.
La integración de tecnologías y aplicaciones móviles reguladas.
La obligación de usar sistemas de conversión catalítica para reducir emisiones contaminantes.
La inclusión de parámetros técnicos claros para transporte público y entre particulares.
La creación de una app municipal que mejore la experiencia de usuarios y operadores.
Impacto ambiental, económico, jurídico y social
Héctor Manuel Garza Martínez aseguró que, de aprobarse, la iniciativa tendría un impacto profundo y positivo en varias áreas:
Social: Mayor seguridad vial, inclusión de grupos vulnerables, mejor calidad del transporte, y embellecimiento urbano.
Ambiental: Reducción de emisiones contaminantes mediante control de antigüedad vehicular y tecnología catalítica.
Jurídico: Armonización con leyes federales y tratados de derechos humanos en materia de movilidad.
Económico: Mayor orden en el mercado del transporte, con reglas claras para empresas, conductores y autoridades.
Responsabilidad compartida: usuarios, empresas y autoridades
Un elemento clave en la iniciativa es el establecimiento de un marco de responsabilidad administrativa y penal, que obligue tanto a autoridades estatales y municipales como a las empresas de redes de transporte a cumplir con sus obligaciones.
“Se trata de un cambio integral, que no solo mejore el servicio, sino que también sancione el incumplimiento y proteja al ciudadano”, explicó el abogado monclovense Héctor Manuel Garza Martínez.
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