Concesionarios de transporte generan tensión por reactivación de la ruta Zaragoza en Sabinas
Concesionarios de combis protestan por la reactivación de una ruta considerada incosteable, lo que preocupa por posibles pérdidas económicas.
La reactivación de la ruta Zaragoza del transporte colectivo ha generado un ambiente de tensión entre los concesionarios de combis y la administración municipal, debido a los antecedentes de baja demanda y pérdidas económicas asociadas a dicho recorrido.
Este lunes 16 de junio, el municipio determinó retomar la operación de esta ruta, misma que fue abandonada hace más de seis años por considerarse incosteable. La decisión ha sido fuertemente cuestionada por los concesionarios, quienes aseguran que no existen condiciones mínimas para garantizar la rentabilidad del servicio.
De acuerdo con testimonios de transportistas, durante la última etapa en que se intentó poner en marcha la ruta, el número de pasajeros fue prácticamente nulo. En los días más activos, aseguran, solo se llegó a transportar a cuatro usuarios, lo que representó pérdidas económicas tanto para el concesionario como para el operador de la unidad.
“La ley de transporte del estado de Coahuila establece que una ruta que no es rentable para el concesionario no debe mantenerse activa, y esto es exactamente lo que ocurre con Zaragoza”, señalaron.
Los transportistas temen que la medida termine afectando no solo su economía, sino también la calidad general del servicio de transporte en la ciudad. Argumentan que asignar unidades a rutas sin usuarios limita la disponibilidad para recorridos con mayor demanda, generando desequilibrio en el sistema.
A pesar de los argumentos presentados, el municipio ha confirmado que a partir de hoy uno de los concesionarios será asignado obligatoriamente a cubrir la ruta Zaragoza, lo que ha aumentado la incertidumbre entre los operadores.
Los concesionarios hacen un llamado a las autoridades para que se reconsidere la medida y se busque una solución viable para todas las partes involucradas. Piden que se evalúe objetivamente la sostenibilidad de la ruta y se promueva un diálogo que priorice tanto el bienestar de los usuarios como la viabilidad económica del transporte público.
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