Confirman condena de 50 años a María Guadalupe en el Estado de México
La indígena otomí María Guadalupe Martínez fue sentenciada a 50 años de prisión por secuestro, en un proceso marcado por presuntas violaciones a derechos humanos.
En el Estado de México, la Justicia confirmó la condena contra María Guadalupe Martínez, una mujer indígena otomí acusada de secuestro. La sentencia, dictada este jueves en los juzgados de Almoloya de Juárez, ha desatado críticas por irregularidades procesales y falta de intérprete en su lengua materna durante años de juicio.
Confirman condena de 50 años a indígena otomí
La sentencia ha sido confirmada. María Guadalupe Martínez, la mujer indígena otomí acusada de varios delitos por la actual pareja de su excompañero y padre de sus dos hijos, ha sido condenada este jueves a 50 años de prisión por el delito de secuestro, en una audiencia celebrada en los juzgados de Almoloya de Juárez, Estado de México.
“Recibo esta sentencia con mucha rabia, tristeza y dolor al pensar que me separan otra vez de mis hijos. Yo soy inocente, por eso tantas mujeres me han abrazado”, declaró Guadalupe tras conocer la resolución judicial.
Un proceso lleno de irregularidades
El caso de Guadalupe, cuya lengua materna es el otomí, evidencia las fallas estructurales del sistema judicial mexicano, que continúa violando los derechos humanos de las personas más vulnerables. Desde su detención irregular el 4 de julio de 2022, Guadalupe no contó con un traductor en su lengua hasta este jueves, cuando se confirmó la sentencia.
Su abogada, Gabriela Amores, aseguró que la defensa mantiene la esperanza de revertir el fallo mediante recursos legales. La mujer permanecerá con un brazalete electrónico en su pierna izquierda como medida cautelar mientras continúa el proceso de apelación.
“Durante la audiencia, el propio juez [Víctor Martín Mejía Hernández] señaló que María Guadalupe no había tenido intención de disculparse ni aceptar un procedimiento abreviado, pero lo verdaderamente grave es que hasta hoy fue la primera vez que Lupita contó con una traductora”, declaró la abogada.
Violencia previa y acusaciones fabricadas
En 2016, Guadalupe decidió separarse de su pareja tras 12 años de relación marcada por violencia física y psicológica. Dos años después, buscó obtener pensión alimenticia para sus dos hijos —una niña y un varón menores de edad—, lo que, según su defensa, desató una serie de denuncias falsas por parte de su expareja y su nueva pareja.
Ambos la acusaron de abuso sexual, tentativa de feminicidio y secuestro. Aunque fue absuelta de los dos primeros delitos, el último derivó en la condena actual. “Por las carpetas de tentativa y abuso sexual, Lupita queda absuelta. La que quedaba era de secuestro, donde este jueves le dieron 50 años de cárcel a una mujer inocente”, afirmó Amores.
Testimonios y contexto familiar
En declaraciones recientes desde su casa en Temoaya, a unos 80 kilómetros de la Ciudad de México, Guadalupe sostuvo: “Yo le diría a esa mujer que diga la verdad. Yo nunca la conocí, nunca tuve un enfrentamiento con ella, no sé qué es lo que quiere. Le diría que ya me dejara vivir en paz y que ella viva su vida”.
La presunta víctima —pareja de su excompañero— y él mismo la denunciaron por un supuesto abuso sexual, que posteriormente derivó en una acusación por lesiones. Un funcionario del Ministerio Público de Toluca pidió una reparación del daño de entre 30.000 y 40.000 pesos, a lo que Guadalupe respondió: “¿Y yo por qué le voy a dar algo a la señora si ni siquiera la conozco?”.
Las tres carpetas de investigación fueron elaboradas por el mismo Ministerio Público, Raúl Amauri Velázquez Jaimes, quien desechó pruebas de inocencia presentadas por la defensa.
Una madre separada de sus hijos
Durante cuatro años de proceso judicial —dos de ellos en prisión—, su expareja y padre de los menores no ha contribuido con la manutención de los hijos, quienes actualmente están al cuidado de sus abuelos y tíos. Guadalupe, que trabajaba como empleada doméstica, continúa bajo restricción de movimiento por el brazalete electrónico.
Su abogada ha reiterado que “el caso no está cerrado” y que buscarán instancias nacionales e internacionales para revertir una condena que consideran “una muestra más de la injusticia contra las mujeres indígenas en México”.
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