Coparmex tilda de 'fracaso' elección judicial por baja participación y alto costo
Coparmex califica de "fracaso" la elección judicial: costo de 7 mil millones de pesos con apenas 10% de participación. Critican legitimidad del proceso.
Mario Coria Roehll, presidente de Coparmex, calificó como "retroceso y fracaso" las elecciones judiciales tras registrarse una participación ciudadana cercana al 10% a nivel nacional. Criticó el costo de casi 7 mil millones de pesos (29 mil pesos por casilla) y cuestionó la legitimidad democrática del proceso, rechazando el "triunfo democrático" anunciado por la Presidencia.
Coparmex: "Fracaso de la democracia impuesta"
En declaraciones contundentes, Mario Coria Roehll, líder de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), afirmó que la elección judicial "no representa a los mexicanos". Señaló que el proceso careció de información y campañas claras: "Es un fracaso de la democracia que se quiere imponer [...] los resultados están a la vista". Sus críticas contrastan con el discurso oficial que celebró los comicios.
Legitimidad cuestionada y réplica al gobierno
Coria rechazó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre un "triunfo democrático": "Un 10% no representa eso. La mayoría no le dio voto de confianza al gobierno".
Cuestionó el modelo de elección judicial, defendiendo el esquema anterior que garantizaba "independencia de poderes". "Podía ser perfectible, más no erradicarlo así", insistió.
Costo millonario vs. participación mínima
La consejera del INE, Carla Humphrey, había revelado en enero que la elección costaría casi 7 mil millones de pesos –equivalente a 29 mil pesos por cada casilla instalada–. Este dato respalda la crítica central de Coparmex: el desproporcionado gasto público frente a una participación que, según Coria, "no superó el 10%", muy por debajo del preliminar del INE (12-15%).
Debate sobre el modelo judicial
Las críticas de Coparmex reavivan el debate sobre la elección popular de jueces, implementada por primera vez en 2025. Expertos del CEDEM señalan que sistemas similares en otros países requieren años de maduración cívica, mientras el IMCO advierte sobre riesgos de politización en órganos judiciales.
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