Denuncian calles en mal estado en Valle de las Flores
Un problema persistente que exige atención estructural por la precaria condición en la que se encuetran


En el sector Valle de las Flores, en Piedras Negras, el deterioro visible de sus vialidades continúa siendo una realidad que no solo afecta la movilidad cotidiana, sino que además revela una problemática mucho más profunda: la precariedad estructural de la planeación urbana y el abandono sostenido de zonas habitacionales que no forman parte de las prioridades visibles en la agenda pública.
Las calles Aguavientos y Cardo Alpino se han convertido en símbolos del rezago. Hoy no son simplemente vialidades con algunos baches o con pavimento agrietado: representan rutas que han sido ignoradas durante demasiado tiempo. Calles donde el tiempo, el uso constante y la falta de mantenimiento han hecho de la superficie un peligro latente, tanto para conductores como para peatones. Los efectos van más allá de lo estético o funcional: se transforman en elementos que influyen directamente en la calidad de vida de los habitantes.
La movilidad urbana está íntimamente relacionada con el bienestar social. Cuando una calle está en malas condiciones, no solo retrasa la llegada a destinos o daña vehículos; también limita el acceso digno a servicios, crea obstáculos para personas con movilidad reducida, impide el uso seguro de bicicletas y desincentiva la convivencia vecinal en espacios públicos. En otras palabras, una calle deteriorada es una frontera silenciosa que segmenta a la ciudad y margina a sus habitantes.
El caso de Valle de las Flores debe ser observado bajo esa lupa. La persistencia de calles intransitables pone en evidencia un patrón de exclusión urbana, en el que ciertos sectores no reciben atención equitativa, ya sea por cuestiones presupuestales, por falta de voluntad o por una gestión que reacciona más ante la presión que por compromiso real con el desarrollo equilibrado. Cuando las demandas ciudadanas se vuelven repetitivas sin solución, lo que se erosiona no es solo el pavimento, sino también la confianza colectiva.
Es aquí donde la crítica social adquiere pleno sentido. La infraestructura urbana es una extensión del contrato social: una promesa de seguridad, accesibilidad y dignidad para todos. Sin embargo, cuando esa infraestructura comienza a colapsar y no se ve un plan efectivo de mejora, se genera una fractura en ese contrato. La ciudadanía se acostumbra a sortear obstáculos donde debería encontrar caminos. Se ve forzada a normalizar el deterioro como parte del paisaje, en lugar de exigir lo que le corresponde por derecho.
Y este fenómeno no se limita al sector mencionado. Muchas colonias populares y zonas periféricas experimentan el mismo patrón de descuido: calles que comienzan con grietas, evolucionan a baches y terminan convertidas en caminos de tierra fragmentada, sobre los cuales transitan vehículos con dificultad, peatones con resignación y ciclistas con peligro.
Resulta contradictorio que en tiempos donde se presume de progreso, crecimiento urbano y desarrollo económico, persistan sectores con infraestructura de tercer nivel. La falta de pavimentación funcional o el abandono de la carpeta asfáltica no deberían ser una constante en ninguna zona de una ciudad que aspira a modernizarse. Al contrario, son indicativos de desequilibrios estructurales que deben abordarse con urgencia.
Además, existe una dimensión económica que no puede ignorarse. Una calle en mal estado incrementa los costos de transporte, genera daños mecánicos, retrasa los tiempos de traslado y, en muchos casos, afecta el pequeño comercio local, cuya clientela evita circular por zonas deterioradas. Así, se crea un ciclo negativo que no solo golpea la movilidad, sino también el sustento de las familias.
Otro factor de análisis es la imagen urbana. Las calles representan la primera impresión de una ciudad ante visitantes, pero también son reflejo del respeto institucional hacia sus ciudadanos. Cuando una vialidad se deja caer, lo que se proyecta es una ciudad que no cuida su infraestructura y que permite que algunas zonas vivan en el rezago. En el fondo, se transmite el mensaje de que hay ciudadanos de primera y de segunda.
En este contexto, urge que las acciones urbanas respondan con una lógica de equidad. No basta con pavimentar donde es más visible; se debe actuar donde es más necesario. La inversión pública en infraestructura debe seguir criterios técnicos y sociales, no únicamente estratégicos o electorales. De lo contrario, se perpetúa una política urbana que privilegia el ornato superficial sobre la solución de fondo.
El problema de las calles Aguavientos y Cardo Alpino no se resolverá con una capa de asfalto sobre baches antiguos. Requiere un proyecto integral que analice la calidad del subsuelo, la red hidráulica subyacente, la frecuencia de uso y el patrón de lluvias. Se necesita un rediseño técnico que asegure durabilidad, y sobre todo, un compromiso real con quienes transitan por ellas día con día.
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