EEUU acusa a México de usar el huachicol fiscal para beneficiar a Petróleos Mexicanos
Estados Unidos acusa al gobierno de Claudia Sheinbaum de usar el combate al huachicol fiscal como herramienta para perjudicar a empresas extranjeras que compiten con Pemex.
El gobierno de Estados Unidos sostiene que las recientes medidas mexicanas para frenar el contrabando de combustible conocido como huachicol fiscal están diseñadas para favorecer a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en detrimento de compañías extranjeras, lo que implicaría posible violación al acuerdo comercial T-MEC.
El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, enfrenta nuevas críticas del sector estadounidense de la refinación de combustibles. De acuerdo con diversos informes, la asociación estadounidense de refinadores de combustibles y petroquímicos (AFPM, por sus siglas en inglés) ha manifestado que ciertas acciones mexicanas, presentadas como lucha contra el contrabando (huachicol fiscal), están siendo empleadas para beneficiar a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y obstaculizar a sus competidores extranjeros.
Según el documento entregado por la AFPM o citado en medios especializados, aunque el combate al contrabando de combustible puede parecer legítimo, existe la sospecha de que el Estado mexicano estaría aprovechando el marco normativo para imponer cargas regulatorias diferenciadas que limitan la operación de importadores o refinadores fuera de Pemex.
Estas críticas se enmarcan en la preparación de la revisión del T‑MEC, programada para 2026, y apelan a la obligación de México de ofrecer trato no menos favorable a empresas extranjeras frente a nacionales bajo dicho convenio. United States Trade Representative Entre las quejas específicas figuran:
Trato desigual para empresas estadounidenses frente a Pemex o empresas estatales mexicanas.
Acciones regulatorias que, bajo el argumento de seguridad energética o combate al contrabando, restringen la operación de competidores foráneos. Ambos mecanismos serían contrarios a artículos del T-MEC relativos al trato nacional y a las empresas estatales.
Por su parte, México no ha emitido una réplica pública detallada sobre estas acusaciones específicas, aunque en el pasado ha admitido diálogo con la contraparte estadounidense en materia de comercio y energía.
En paralelo, el fenómeno del huachicol fiscal definido como la entrada ilegal de combustibles o productos petrolíferos disfrazados para evadir impuestos, sigue siendo objeto de estudio y atención institucional. Reportes recientes indican que el contrabando técnico de combustibles representa un quebranto significativo para el erario mexicano. La comunidad empresarial estadounidense sostiene que ese tipo de ilícitos crean competencia desleal, pero también advierten que medidas legítimas de combate pueden emplearse como barreras comerciales cuando no son transparentes.
Por ejemplo, un artículo de análisis indicó que hay al menos 21 aduanas mexicanas en 13 estados bajo sospecha de facilitar importaciones atípicas de lubricantes usados como cubierta para introducir gasolina o diésel sin pago del impuesto especial (IEPS). Ese contexto sirve de telón de fondo para la denuncia de trato desfavorable hacia firmas de EE.UU.
El asunto cobra relevancia comercial global porque si se demuestra que México está violando obligaciones del T-MEC, la posibilidad de paneles de solución de controversias o sanciones comerciales estará abierta. Ya en 2022 la Office of the United States Trade Representative (USTR) solicitó consultas formales con México por políticas energéticas que favorecen empresas estatales.
El gobierno mexicano, a su vez, insiste en que sus acciones persiguen la seguridad energética, la disminución de pérdidas fiscales y la transparencia del sector, aunque los resultados y la percepción internacional generan tensión.
Conclusión: El enfrentamiento entre Estados Unidos y México en torno al uso del combate al huachicol fiscal como instrumento regulatorio plantea un desafío para las relaciones comerciales bilaterales, la libre competencia y el cumplimiento de los compromisos del T-MEC. A medida que avanza la revisión del tratado en 2026, los próximos pasos y la forma en que ambas partes abordarán las denuncias definirá el futuro del sector energético y comercial en la región.
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