EE.UU pagó 4.7 mdd a El Salvador por migrantes deportados
EE.UU. pagó 4.76 mdd a El Salvador para encarcelar a migrantes deportados, en su mayoría venezolanos, bajo un acuerdo entre Trump y Bukele.
El Gobierno de Estados Unidos destinó 4.76 millones de dólares a El Salvador para recibir a más de 200 migrantes deportados, según documentos judiciales.
En Washington, documentos judiciales revelaron este 10 de septiembre que el Gobierno de Estados Unidos acordó pagar 4.76 millones de dólares a El Salvador para encarcelar a más de 200 migrantes deportados, en su mayoría venezolanos, bajo un convenio firmado entre las administraciones de Donald Trump y Nayib Bukele.
La carta, fechada el 22 de marzo de 2025 y enviada por el Departamento de Estado al gobierno salvadoreño, establece que los fondos solo podían usarse en apoyo penitenciario y logístico para la detención de los migrantes en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Este centro ha sido objeto de denuncias por abusos a derechos humanos, incluyendo tortura y confinamiento indefinido.
El documento prohíbe expresamente destinar recursos a asesoría legal para solicitantes de asilo en EU, así como financiar actividades relacionadas con la salud reproductiva o programas de la ONU, como la UNRWA.
Reacción de Democracy Forward
La organización de derechos civiles Democracy Forward, que presentó la demanda, aseguró que la correspondencia confirma que la administración Trump-Vance “no garantizó la protección de los migrantes trasladados a la prisión CECOT”.
Su presidenta, Skye Perryman, criticó que mientras se impedía la ayuda legal y de salud, sí se aseguraba que los fondos de EU se usaran exclusivamente para la detención.
Migrantes enviados al CECOT bajo ley de 1798
En marzo, más de 200 venezolanos fueron deportados a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, pese a que una orden judicial lo prohibía.
Entre ellos estaba el salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado por error y convertido en símbolo de la oposición a las políticas migratorias del presidente republicano.
El pasado 3 de septiembre, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que Donald Trump no puede usar esta ley para acelerar deportaciones, lo que anticipa un fallo definitivo en la Corte Suprema.
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