Ejidatarios de Santa María mantienen paro pacífico en minera Zapalinamé
Ejidatarios de Santa María exigen revisar contrato en la minera Zapalinamé por compromisos incumplidos en un paro pacífico que ya suma varios días.
Ejidatarios de Santa María mantienen un paro pacífico en la mina, exigiendo la revisión de un contrato que consideran injusto y compromisos incumplidos por más de 20 años.
Ejidatarios del Ejido Santa María continúan con un paro pacífico en las instalaciones de la mina operada por la empresa minera Zapaliname SA. de C.V., empresa conocida como MINSA, supuesta propiedad de la familia conocida como "Los Guadiana", exigiendo la revisión y renegociación de un contrato de compra de carbón que califican como injusto y desventajoso.
La protesta comenzó el pasado lunes a las 6:00 de la mañana, y hasta la fecha, no han recibido una respuesta concreta por parte de la compañía.
Desacuerdos. José Enrique Alcalá Ríos, comisionado por la asamblea ejidal, señaló que esta acción es resultado de más de 20 años de desacuerdos y falta de cumplimiento por parte de la empresa. Comentó que, durante el último mes, han sostenido reuniones y diálogos con representantes de la minera sin llegar a una solución, por lo que los ejidatarios optaron por detener las actividades como medida de presión. “Nuestra intención no es generar conflicto, solo queremos que nos escuchen y que se corrija una situación injusta que ha perjudicado al ejido durante años”, afirmó Alcalá Ríos, quien reiteró el compromiso firme de la comunidad para defender sus derechos legítimos y lograr un acuerdo justo y equitativo para todos.
Uno de los principales puntos de conflicto es el precio pagado por tonelada de carbón.
Monto. De acuerdo con los ejidatarios, durante muchos años recibieron solo 4.30 pesos por tonelada, y apenas desde marzo pasado, el monto subió a 8 pesos, cifra que consideran irrisoria dado el volumen de producción y el esfuerzo involucrado en la extracción del carbón. “Es un contrato indignante, que solo Santa María tiene. Se aprovecharon de nuestra falta de conocimiento legal en su momento, firmamos sin asesoría ni información suficiente, lo que nos colocó en una situación de gran desventaja frente a la empresa minera. Esta injusticia nos ha afectado económica y socialmente, dejando a muchas familias en condiciones precarias y sin el apoyo que merecen,” expresó el comisionado.
Denuncia. Además de las condiciones del contrato, los manifestantes también denuncian daños materiales en sus viviendas y parcelas, atribuidos a la actividad minera, y el incumplimiento de obras y compromisos sociales previamente acordados con la empresa. El ambiente en la mina es totalmente pacífico, según los manifestantes. “No entra ni sale nadie, pero no estamos actuando con violencia”, insistió Alcalá. Ayer, un notario público de Nueva Rosita acudió a la zona, aparentemente para levantar un acta del movimiento, lo que fue interpretado por algunos como una forma de presión legal y un intento de intimidar a los ejidatarios para que desistieran de sus demandas legítimas, aunque ellos mantienen firme su postura de diálogo y justicia.
Respaldo. El comisionado del ejido, Mario Ayala Alvarado, respaldó la postura del grupo, señalando que muchos de los trabajadores provienen de comunidades vecinas como Múzquiz, Palaú y Nueva Rosita, y que el objetivo es encontrar una solución justa para todos los involucrados. Aunque no descartan proceder por la vía legal, por ahora mantienen el enfoque en el diálogo y la mediación, y no descartan llevar su reclamo hasta instancias federales o incluso directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, buscando con ello visibilizar su situación y lograr un acuerdo que garantice respeto y condiciones dignas para los ejidatarios afectados.
Frustración. En la protesta también participó María Durón, ejidataria de Santa María, quien expresó su frustración por los compromisos incumplidos. “Estamos presentes en este paro porque la empresa lleva más de mes y medio sin darnos respuesta. Prometieron soluciones que nunca llegaron, y ya son más de 20 años sin recibir apoyo real”, afirmó. Denunció también que la empresa MINSA —como aún es conocida por algunos— no ha cumplido con los pagos ni con los acuerdos establecidos con los ejidatarios. “Nos han dado largas, pero no vamos a quitar el dedo del renglón. Queremos una solución y un contrato justo. No vamos a levantar el paro hasta lograr un buen acuerdo”, concluyó María Durón, insistiendo en que seguirán firmes y unidos hasta que se respeten sus derechos y se cumplan todos los compromisos pendientes, ya que el bienestar de la comunidad está en juego y no permitirán más abusos ni retrasos.
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