Ejidatarios y empresa Zapalinamé siguen sin llegar a un acuerdo
Ejidatarios de Santa María y la minera Zapalinamé no llegan a acuerdo; exigen mejor tarifa por tonelada de carbón tras 20 años sin ajustes.
Comuneros de Santa María, en San Juan de Sabinas, mantienen diálogo con compañía minera, reclamando mejor tarifa por tonelada de carbón, luego de dos décadas sin ajustes.
El ingeniero Ramiro Portales Castillo, director de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del municipio, además de líder municipal de la Confederación Nacional Campesina, informó que hasta ahora no se ha cerrado ningún arreglo satisfactorio con la empresa dueña de la mina Zapalinamé, ubicada en el ejido Santa María.
Negociación. Los ejidatarios exigen una revisión profunda del contrato vigente desde 2002, pues consideran que las condiciones actuales no reflejan el valor real del carbón extraído ni los daños ambientales sufridos. El principal punto de conflicto es el precio por tonelada que paga la empresa al ejido: los trabajadores proponen 25 pesos por tonelada, mientras que la minera insiste en continuar con los 15 pesos actuales. Desde que el contrato fue firmado hace más de 20 años, nunca se ha actualizado sustancialmente ese monto, aseguran las autoridades agrarias. También se han reclamado los perjuicios estructurales en la tierra, viviendas y parcelas del ejido por la actividad minera. Portales Castillo comentó que, en recientes reuniones, el representante legal de la empresa ha sido evasivo: ha abandonado pláticas y no ha aceptado asumir sus peticiones, dejando las negociaciones estancadas. “Ellos no quieren manejarlo”, manifestó el líder ejidal, indicando que los ejidatarios insisten en que ese contrato sea balanceado, tomando en cuenta los años de producción sin compensaciones proporcionales al esfuerzo. La comunidad ejidal permanece firme y unida, organizando asambleas y analizando posibles acciones legales y sociales para defender sus derechos y asegurar un futuro justo para las próximas generaciones.
Conflicto. Actualmente, la mina permanece cerrada como medida de presión. Los ejidatarios no realizan un paro formal, pero sí mantienen un monitoreo riguroso: sólo permiten la entrada al personal autorizado y vigilan el acceso de la mina para proteger sus derechos y evitar irregularidades. El ingeniero Portales aseguró que se han tenido varias audiencias – alrededor de cinco o seis, la más reciente la semana pasada, sin que se haya alcanzado un acuerdo concreto. “Nos quedamos, como lo decimos, hablando solos”, dijo tras denunciar que los representantes de la empresa a veces no asisten, lo que retrasa aún más el cierre del conflicto.
Crisis. Esta falta de compromiso por parte de la empresa genera incertidumbre y malestar entre la comunidad y los trabajadores afectados.La mina da empleo directo a entre 40 y 50 trabajadores fijos ligados al ejido, pero en general la empresa maneja cerca de 360 a 380 toneladas (se refiere probablemente a tonelaje de carbón extraído). Muchos han sido despedidos, y otros se quejan de que la compensación por despido es injustificada, lo que agrava aún más la situación laboral y social en la región. Además, la constante incertidumbre ha provocado preocupación en las familias, quienes dependen de estos empleos para su sustento diario, y ha generado un clima de tensión que podría afectar la estabilidad económica y social de la comunidad en los próximos meses si no se encuentra una solución pronta y justa para ambas partes involucradas.
Apoyo. Los ejidatarios también han sumado apoyo institucional: la Secretaría del Trabajo y el gobierno estatal ya tienen conocimiento del conflicto. En paralelo, se habla de incluir en futuras negociaciones aspectos sociales como becas para jóvenes, reparación de caminos, acuerdos ambientales, además del ajuste en el precio por tonelada. Asimismo, se consideran programas de desarrollo comunitario y fortalecimiento económico.
Portales Castillo concluyó diciendo que si no hay respuesta favorable pronto, el ejido podría convocar a una asamblea formal para decidir acciones más contundentes.
“Estamos pidiendo lo justo”, enfatizó. De no alcanzarse un arreglo razonable, los campesinos advierten que la protesta podría escalar hasta instancias federales.
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