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El misterio se reaviva: exagente del CISEN bajo formal prisión en caso Colosio

Colosio
Agencias
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Un juez federal dictó formal prisión a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN, señalado como posible segundo tirador en el asesinato de Colosio.

Un juez federal revivió un capítulo clave del magnicidio de Luis Donaldo Colosio al dictar auto de formal prisión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Sánchez Ortega de ser el segundo tirador en el asesinato ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Tijuana. 

Proceso legal y condiciones de prisión

El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, consideró que hay elementos suficientes para procesar a Sánchez Ortega por homicidio calificado. Tras su reaprehensión el 8 de noviembre en Tijuana, fue trasladado al penal federal del Altiplano (máxima seguridad). Debido a que los hechos ocurrieron hace más de tres décadas, será juzgado bajo el sistema penal inquisitorio, vigente en aquel entonces, basado en expedientes escritos, declaraciones ministeriales y dictámenes periciales. 

Elementos que respalden la acusación

La acusación se fundamenta en la averiguación previa SE/003-BIS/95, que incluye peritajes, testimonios antiguos y documentos históricos. Entre las pruebas polémicas están declaraciones de testigos que identifican a Sánchez Ortega y análisis periciales retomados por la FGR. El juez Daniel Marcelino Niño Jiménez determinó que estos elementos eran suficientes para mantener la causa abierta. 

Reacciones en el ámbito jurídico

El abogado constitucionalista Pablo Andrei Zamudio Díaz ha señalado que la reactivación del caso responde más a una narrativa institucional que a avances reales de justicia, pues asegura no existen pruebas técnicas modernas que respalden sólidamente la teoría del segundo tirador. Zamudio Díaz advierte que reabrir antiguas carpetas puede resultar políticamente cómodo para las instituciones, pues no genera confrontaciones con actores actuales y permite aparentar que la justicia histórica avanza, incluso si la justicia actual está estancada.

Implicaciones políticas y sociales

El regreso del caso Colosio reabre heridas en el discurso político nacional. Analistas y abogados señalan que la puesta en marcha de este expediente puede servir como símbolo de acción para el gobierno, aunque también alerta sobre el riesgo de usar casos pasados para distraer de asuntos vigentes. El proceso despierta interés también por su valor simbólico: a más de 30 años del asesinato, la justicia busca reconfigurar pruebas y reconstruir una teoría controvertida que ha sido objeto de debate durante décadas.

Desafíos para el proceso

Expertos jurídicos advierten que, para que el juicio sea creíble, será vital garantizar el debido proceso. El paso del tiempo ha deteriorado buena parte de la evidencia, y la reconstrucción pericial puede ser limitada. Asimismo, se requiere vigilancia para evitar que la reapertura se convierta solo en un espectáculo mediático sin resultados concretos: tanto la FGR como el poder judicial deberán demostrar que este caso no es solo un acto simbólico, sino un proceso comprometido con la verdad.

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