Comercio de uniformes policiales facilita usurpación de funciones

Delegado; Urge regular la venta de uniformes y distintivos policiales en Monclova.

En el marco de los más recientes cateos realizados por la Fiscalía General del Estado (FGE), fueron decomisados diversos artículos con insignias y equipamiento policial, entre ellos chalecos tácticos y parches con el emblema de la Policía Municipal. El hallazgo encendió las alarmas sobre un problema creciente: la libre comercialización de estos productos sin ningún tipo de regulación ni control.

Miguel Ángel Medina, delegado de la Fiscalía, advirtió que la facilidad con la que cualquier persona puede adquirir este tipo de objetos representa un riesgo directo para la seguridad pública. “Hoy en día, cualquier ciudadano puede comprar un chaleco o un parche con insignia policial sin mayor requisito, tanto en tiendas físicas de Monclova como en plataformas en línea. Esto se presta a que civiles usen símbolos y equipo que corresponden exclusivamente a las corporaciones de seguridad”, señaló.

Riesgos de la venta sin control

El funcionario explicó que se han detectado casos de personas que colocan luces y distintivos policiales en vehículos particulares, incurriendo en un delito tipificado por la ley. “No es posible que la gente ande utilizando insignias que corresponden solamente a la policía”, enfatizó Medina.

El uso indebido de uniformes, distintivos y equipos de las fuerzas de seguridad no es un asunto menor: se trata de un delito grave que vulnera la confianza ciudadana y que puede abrir la puerta a la comisión de otros crímenes como fraudes, robos o extorsiones, ya que los falsos uniformados pueden engañar con facilidad a la población.

Hacia un marco regulatorio más estricto

Medina adelantó que se trabaja en un esquema de regulación que permita a estos establecimientos surtir únicamente a corporaciones y elementos oficiales, cerrando el acceso a la ciudadanía en general. “Anteriormente, algunas tiendas pedían identificación a los policías que acudían a comprar, pero eso no es suficiente. Buscamos un mecanismo más estricto, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que permita supervisar las ventas y sancionar a quienes incumplan”, agregó.

Actualmente, la venta no autorizada de uniformes y distintivos policiales no está debidamente fiscalizada en la región, lo que ha permitido que tanto comercios locales como tiendas digitales ofrezcan libremente este tipo de mercancías.

El marco legal: delitos y sanciones

La legislación mexicana es clara al respecto. El Artículo 250 del Código Penal Federal (CPF) establece que la usurpación de funciones públicas —incluido el uso de uniformes policiales por parte de civiles— es un delito con penas de 1 a 6 años de prisión y multas económicas de 100 a 300 días de salario mínimo.

Por su parte, el Artículo 250 bis castiga con 5 a 12 años de prisión y multa a quien fabrique, venda o distribuya uniformes, insignias o credenciales de instituciones de seguridad pública sin autorización.

Además, el Artículo 251 bis 1 sanciona con hasta 6 años de prisión el uso de vehículos con colores, balizaje o distintivos que simulen pertenecer a corporaciones de seguridad.

Consecuencias directas de estas prácticas

• Prisión: penas que oscilan entre 1 y 12 años, dependiendo del delito.

• Multas económicas: sanciones significativas que impactan en el patrimonio de los responsables.

• Antecedentes penales: que afectan de forma permanente la vida de los infractores.

Protección de la seguridad y la confianza ciudadana

La regulación de estos artículos no es un simple trámite burocrático: es una medida esencial para proteger la confianza pública y la imagen institucional de los cuerpos policiales. El uso indebido de insignias o uniformes falsificados genera confusión entre la ciudadanía, pone en riesgo operativos oficiales y facilita que delincuentes se hagan pasar por agentes de seguridad.

“El control sobre la venta de uniformes y equipo táctico debe ser absoluto. No se trata solo de restringir un mercado, sino de garantizar que nadie más que las instituciones pueda hacer uso legítimo de estos símbolos”, concluyó el delegado Medina.

Con la implementación de un marco regulatorio más estricto, se espera que Monclova dé un paso firme hacia la prevención del delito y el fortalecimiento de la seguridad pública, blindando a la población frente a prácticas que ponen en entredicho la autoridad y credibilidad de sus corporaciones.

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