Escándalo de espionaje: revelan entrega de datos para control migratorio
Escándalo de espionaje: Trump transfirió datos de Medicaid al DHS, desatando alarmas legales y éticas por violación de privacidad en control migratorio.
El gobierno de Trump transfirió al DHS datos migratorios de millones inscritos en Medicaid, encendiendo alarmas legales, éticas y de privacidad pública.
El gobierno del presidente Donald Trump autorizó la transferencia de un extenso conjunto de datos personales de millones de beneficiarios de Medicaid al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La entrega incluyó nombres, direcciones, números de Seguro Social y detalles de reclamaciones, muchos correspondientes a personas no ciudadanas registradas en programas estatales financiados exclusivamente con fondos locales.
Los documentos obtenidos por The Associated Press revelan que altos funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ordenaron la entrega, pese a la oposición interna de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), cuyos asesores alertaron sobre posibles violaciones a leyes federales, incluyendo la Ley de Privacidad de 1974.
En un correo interno, la subdirectora de Medicaid, Sara Vitolo, argumentó que la entrega de datos era potencialmente ilegal y podría poner en riesgo a las entidades estatales que colaboran en la protección de datos sensibles. No obstante, los asesores del secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr., instruyeron proceder con la entrega en un lapso de apenas 54 minutos.
Estados afectados y uso potencial de los datos
Los datos provienen de estados como California, Illinois, Washington y el Distrito de Columbia, todos con programas de Medicaid estatales que permiten la inscripción de inmigrantes no ciudadanos utilizando fondos propios. Estos programas fueron implementados durante el mandato del expresidente Joe Biden, bajo la premisa de que no se recurriría al financiamiento federal.
La transferencia coincide con una intensificación de operativos migratorios en el sur de California y ha sido señalada como parte de una estrategia para localizar a inmigrantes o dificultarles el acceso a procesos de regularización migratoria, como la residencia legal o la ciudadanía.
El vocero del HHS, Andrew Nixon, defendió la legalidad del acto argumentando que la revisión buscaba asegurar que los beneficios de Medicaid fueran destinados únicamente a quienes tienen derecho legal a recibirlos. Sin embargo, los CMS sostienen que compartir esta información con el DHS viola políticas de larga data que limitan su uso exclusivo a la administración del programa.
¿Violación legal o atribución legítima?
La carta firmada por Vitolo citó varias normativas federales que impiden compartir la información con agencias externas, afirmando que podría crear un “efecto disuasorio” entre los estados, dificultando la cooperación futura y generando un “riesgo legal” para las entidades locales.
Expertos y exfuncionarios consultados por la AP señalaron que este tipo de intercambio es inusual, ya que el DHS no tiene funciones operativas en la gestión de Medicaid. El exfuncionario de CMS Jeffrey Grant calificó la acción como una desviación preocupante de la práctica administrativa estándar.
La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, también manifestó su inquietud y calificó la medida como “extremadamente preocupante” y de potencial ilegalidad, sobre todo considerando las implicaciones que podría tener en comunidades vulnerables.
Implicaciones para la salud pública y la privacidad
Actualmente, siete estados y el Distrito de Columbia permiten la inscripción de inmigrantes no legales en Medicaid, cubriendo sus gastos exclusivamente con fondos estatales. Algunos, como Illinois, han decidido cerrar o congelar sus programas debido a presiones presupuestarias y ahora se enfrentan a nuevas tensiones legales derivadas de esta transferencia de datos.
Funcionarios de salud de algunos estados, como Nueva York, Oregon y Colorado, aún no han compartido sus datos con los CMS, según informes. A pesar de la resistencia estatal, la orden ejecutiva de Trump del 19 de febrero titulada “Poner fin a la subvención de los contribuyentes a las fronteras abiertas”, continúa generando consecuencias legales y administrativas.
La entrega de información representa una preocupación crítica para la salud pública, al generar temor entre los inmigrantes para buscar atención médica por miedo a ser localizados o deportados. La acción ha encendido el debate sobre los límites del uso de datos personales con fines migratorios y su posible colisión con el derecho a la privacidad en Estados Unidos.
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