Ex jueces y magistrados cesados convocan movilización para exigir pago previsto en reforma constitucional

Los extrabajadores del Poder Judicial están pidiendo cumplimiento a sus derechos laborales y de personas.
La ex jueza María Inés Hernández Compeán manifestó que se sumará a la movilización de ex integrantes del Poder Judicial que fueron separados de sus cargos tras la reforma constitucional de septiembre de 2024 y que afecta a más de 600 extrabajadores.
Destacó que el grupo demanda el cumplimiento del artículo décimo transitorio, que contempla un pago extraordinario para quienes fueron destituidos sin causa justificada.
Movilización nacional
La manifestación se llevará a cabo el próximo miércoles 12 de noviembre frente al edificio de la Administración Judicial, donde los afectados exigirán que el Estado mexicano cumpla con el pago que establece la ley: tres meses de salario integrado y 20 días por cada año laborado.
Hernández Compeán explicó que el artículo décimo transitorio de la reforma constitucional de septiembre de 2024 incluye esta compensación para jueces y magistrados cesados de manera automática.
“Ya se actualizó el supuesto que obliga al Estado mexicano a cumplir, pues nosotros estamos fuera del Poder Judicial desde septiembre del presente año”, puntualizó.
Exigen respeto a derechos adquiridos
La ex jueza relató que, en su caso, fueron 28 años de servicio en el Poder Judicial, mientras que otros compañeros tienen entre 15 y 35 años de antigüedad.
“Debe corresponder lo que es por ley; en todos los casos debe aplicar el pago establecido”, subrayó.
Además del pago extraordinario, los ex funcionarios judiciales exigen que se respeten las pensiones complementarias, las cuales también forman parte de los derechos adquiridos durante su trayectoria en el servicio público.
Continuarán las protestas si no hay respuesta
Hernández Compeán advirtió que, si las autoridades no ofrecen una respuesta concreta, continuarán manifestándose frente al órgano jurisdiccional.
De acuerdo con la ex jueza, entre 600 y 700 personas resultaron afectadas por la reforma, todas ellas cesadas sin justificación y sin haber recibido hasta ahora la compensación prevista en la ley.

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