Exdirectivo de Segalmex va a juicio por presunto desvío de 100 millones de pesos
René Gavira Segreste, exdirector de Finanzas de Segalmex, enfrentará juicio oral por presunto desvío de 100 millones de pesos mediante la compra ilegal de títulos bursátiles.
René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), será enjuiciado por su presunta participación en la compra ilegal de certificados bursátiles con recursos públicos, luego de que un tribunal federal rechazara frenar el proceso penal en su contra.
Tribunal federal avala juicio oral contra exfuncionario de Segalmex
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México determinó que no procedía el recurso promovido por la defensa de René Gavira, con el cual buscaban revocar la decisión de llevarlo a juicio oral. La resolución ratifica la legalidad del procedimiento judicial abierto en su contra por la presunta aplicación indebida de 100 millones de pesos del erario.
Durante la sesión, los magistrados calificaron de infundado el recurso de revocación, al señalar que fue presentado fuera del plazo legal, que abarcaba del 3 al 7 de mayo de 2024. La impugnación había sido interpuesta el 9 de mayo, por lo que fue considerada extemporánea.
El origen del caso: títulos bursátiles adquiridos con dinero público
Según la Fiscalía General de la República (FGR), entre febrero de 2019 y junio de 2020, René Gavira habría autorizado la compra de 100 mil certificados bursátiles, con un valor total de 100 millones de pesos (aproximadamente 5 millones de dólares), a través de una casa de bolsa. Lo anterior fue realizado, presuntamente, utilizando recursos públicos pertenecientes al patrimonio de Segalmex.
Estas operaciones no contaban con el respaldo normativo necesario y habrían sido efectuadas sin respetar los procedimientos financieros establecidos para entidades gubernamentales, lo que motivó las acciones penales en su contra.
Defensa buscaba frenar juicio con recurso extemporáneo
La defensa del exfuncionario argumentó que se violentaron sus garantías judiciales y su derecho a un recurso efectivo, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, el tribunal resolvió que el recurso de apelación solo era procedente contra la admisión o exclusión de pruebas, no contra el auto de apertura a juicio oral.
Asimismo, se destacó que las garantías solo aplican cuando el recurso cumple los presupuestos procesales de tiempo y forma, lo cual no ocurrió en este caso.
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