Exponen en la matutina posible embargo al municipio
Durante la conferencia matutina del miércoles, se reveló un documento que advierte un posible embargo al municipio por 3 MDP
Un documento presentado en la conferencia matutina de este miércoles por el periodista Aarón Ramírez Cruz reveló que el Ayuntamiento de Piedras Negras enfrenta un riesgo legal inminente de embargo por 3 millones de pesos, debido al conflicto no resuelto con trabajadores sindicalizados del área de Obras Públicas. El Tribunal Laboral de Coahuila reconoció la personalidad jurídica del sindicato, fortaleciendo sus reclamos salariales y el derecho a exigir compensaciones por incumplimientos.
Durante la habitual conferencia matutina celebrada este miércoles, el periodista Aarón Ramírez Cruz expuso un documento que podría marcar un nuevo punto de tensión en la ya complicada relación entre el Ayuntamiento y el sindicato de trabajadores de Obras Públicas. El documento, emitido por el Tribunal Laboral, reconoce la personalidad jurídica del sindicato, lo cual no solo valida sus exigencias, sino que también permite iniciar acciones legales para exigir el pago de salarios caídos.
Según explicó Ramírez Cruz, la autoridad judicial ha dejado en claro que este derecho se renueva con cada semana que los trabajadores no reciben su salario, lo que representa un riesgo permanente para las finanzas municipales. Esta situación jurídica genera la posibilidad inmediata de un embargo por tres millones de pesos en caso de que el municipio no cumpla con sus obligaciones.
El periodista también subrayó que, en caso de que el municipio pierda el laudo, no solamente deberá cubrir los sueldos atrasados, sino también gastos procesales y honorarios legales, además de reinstalar a los trabajadores en sus puestos. Este escenario legal podría generar un impacto financiero considerable, en un contexto donde la administración municipal ya enfrenta presiones presupuestales importantes.
Ramírez Cruz añadió que el exhorto correspondiente ya fue recibido por la Junta de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, por lo que el Ayuntamiento debe contar ya con el documento oficial en sus archivos. Hasta el momento, la administración municipal no ha emitido una postura pública al respecto.
Este nuevo elemento se suma a un conflicto laboral que ha mantenido paralizadas las operaciones del área de Obras Públicas durante más de cinco semanas, afectando servicios esenciales como el alumbrado público, mantenimiento urbano y limpieza en múltiples sectores de la ciudad.
El reconocimiento del sindicato por parte del Tribunal Laboral representa un respaldo legal contundente a las demandas de los trabajadores. Desde el inicio del conflicto, los empleados han sostenido que el intento del municipio por desaparecer el sindicato encubre una estrategia para ofrecer liquidaciones por debajo de lo estipulado por ley, en algunos casos de hasta 10 mil pesos por año trabajado, sin garantía de devolución del fondo de pensiones, que asciende a cerca de 25 mil pesos por año.
El Ayuntamiento, por su parte, ha argumentado que la liquidación total de los trabajadores requeriría un gasto de aproximadamente 22 millones de pesos, monto que, según las autoridades municipales, es insostenible para las finanzas locales. Sin embargo, no se ha ofrecido una alternativa formal de solución que permita atender tanto las demandas del personal como el interés público.
La amenaza de un embargo judicial intensifica la urgencia de resolver este conflicto antes de que se materialicen consecuencias legales más severas. La falta de avances en el diálogo entre las partes mantiene estancado el proceso, mientras que los efectos en la ciudad ya son visibles: calles sin iluminación, acumulación de basura, y deterioro de espacios públicos.
Además del impacto en los servicios, este caso pone en evidencia la necesidad de una gestión responsable de los recursos humanos y financieros, así como del respeto a los derechos laborales conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. La presión también recae sobre las autoridades judiciales y laborales, que deberán vigilar que el proceso se mantenga dentro del marco legal y que las decisiones que se tomen no vulneren los intereses colectivos.
El conflicto ha escalado a una dimensión que rebasa lo administrativo, posicionándose como una crisis jurídica y financiera con repercusiones para la estabilidad del gobierno municipal. De no alcanzarse una resolución negociada en el corto plazo, la posibilidad de un embargo y nuevas acciones legales seguirá latente.
Este escenario demanda una respuesta institucional inmediata, ya sea mediante conciliación o cumplimiento de lo dispuesto por las autoridades laborales, para evitar mayores afectaciones a los trabajadores, a las finanzas públicas y a la ciudadanía en general.
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