Familia Coahuilense afectada por cobros excesivos de CFE
La Comisión intenta cobrar la cantidad de 187 mil pesos a una familia radicada en el ejido la Sauceda en la región sureste
Lo que debía ser un trámite rutinario se ha convertido en una verdadera pesadilla para una familia del ejido La Sauceda, en el estado de Coahuila, luego de recibir un recibo de luz que supera los 187 mil pesos, una cantidad completamente desproporcionada al consumo histórico de su domicilio.
Todo comenzó hace un par de meses, cuando el titular del servicio eléctrico fue sorprendido al revisar su recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En lugar de la cantidad habitual, que rara vez superaba los 3 mil 600 pesos por bimestre, encontró un monto de 187,516.28 pesos, sin una explicación clara o lógica que justificara tal cifra. Inicialmente pensó que se trataba de un error administrativo, una lectura equivocada del medidor o incluso un fallo del sistema. Sin perder tiempo, se dirigió a las oficinas locales de la CFE con la intención de resolver el asunto.
Como parte del proceso, personal técnico de la paraestatal acudió al domicilio para realizar una inspección del medidor, verificando presuntamente la exactitud de la lectura registrada. Para sorpresa de la familia, el veredicto emitido por los técnicos fue que todo estaba en orden: el medidor había sido bien leído y la cantidad reflejada era, en su opinión, correcta. Lejos de tranquilizarse, esta respuesta solo aumentó la frustración del titular del servicio, quien argumentó que no había ninguna razón para que el consumo se disparara de esa manera, menos aún sin haber realizado modificaciones o adquirido aparatos de alto consumo en el hogar.
El usuario, con 12 años de residencia en el mismo domicilio, expresó que en todo ese tiempo jamás había recibido un recibo de tal magnitud y, mucho menos, había tenido problemas relacionados con pagos o registros irregulares. Como siguiente paso, solicitó a la Comisión una revisión de su historial de consumo, esperando encontrar un error evidente que permitiera corregir la cifra. Sin embargo, aun con la revisión a fondo, la postura de la CFE se mantuvo firme y no ofrecieron ninguna solución, reduciendo la situación a una única opción: pagar el total del adeudo.
Al no poder cubrir el monto exigido, y tras semanas sin que la situación se resolviera, el servicio fue suspendido. A partir de ese momento, la familia quedó sin energía eléctrica en el domicilio, afectando de forma directa sus actividades cotidianas y condiciones básicas de vida. Lo que parecía una situación anómala pasó a ser una injusticia palpable, ante la aparente inflexibilidad de la paraestatal y la falta de canales efectivos para impugnar un cobro que, según palabras del propio afectado, es “imposible de cubrir”.
Como si no fuera suficiente el golpe económico que implica la cifra reclamada, días después de haber sufrido el corte de energía, la familia recibió un nuevo recibo con un nuevo cargo por 2,051.02 pesos, correspondiente —según indica el documento— al consumo registrado durante los días posteriores al corte. Esta nueva suma elevó la supuesta deuda total a 189,567 pesos, sin que hasta ahora exista claridad sobre cómo se ha calculado dicha cantidad, ni si hubo fallas técnicas o errores en la facturación.
Este caso, que ya ha empezado a circular en redes sociales y medios de comunicación locales, no es aislado. Son cada vez más frecuentes los reportes de ciudadanos en distintas regiones del país que enfrentan cobros desproporcionados por parte de la CFE, sin que se brinde una explicación convincente ni alternativas reales para aclarar o impugnar las cantidades facturadas. La falta de atención personalizada, la lentitud en los procesos de revisión y la escasa transparencia en las lecturas han sido motivo de severas críticas hacia la empresa, que se presenta como un servicio público esencial pero opera, en muchos casos, con políticas poco accesibles para el ciudadano común.
En este contexto, el titular del servicio ha hecho un llamado desesperado a las autoridades gubernamentales y a las instancias defensoras de los derechos del consumidor, solicitando su intervención para resolver un caso que ya ha afectado su estabilidad familiar, emocional y económica. Más allá del monto económico, lo que está en juego es la certeza jurídica y la confianza en los servicios públicos, especialmente cuando estos se prestan de forma obligatoria y sin competencia directa.
El caso pone sobre la mesa la urgente necesidad de revisar los mecanismos de supervisión y resolución de conflictos que ofrece la CFE, así como reforzar el papel de organismos como la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), para que puedan actuar de manera más eficaz ante posibles abusos o errores administrativos. La electricidad no es un lujo; es un derecho básico que debe garantizarse con eficiencia, justicia y sensibilidad.
Mientras tanto, la familia afectada continúa sin una solución a la vista, dependiendo de velas y extensiones prestadas para poder realizar tareas esenciales en el hogar. Lejos de encontrar apoyo, han sido enfrentados a una institución rígida que exige el pago total de una deuda que nunca debió generarse. El caso sigue sin resolverse, pero la indignación de la familia y de la comunidad crece con cada día que pasa sin luz.
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