Finge ser agente federal y usa a su familia para estafar venta de vehículos en Piedras Negras
De acuerdo con las víctimas, el modo de operar está perfectamente calculado.
Un esquema de fraude que combina falsos depósitos bancarios, amenazas y la simulación de autoridad ha puesto en alerta a ciudadanos de Piedras Negras. Siete personas presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado luego de haber sido víctimas de un hombre identificado como Manuel Alejandro Puente, quien, según los testimonios, utiliza a su esposa Laura Gaitana y a su hijo menor para reforzar una apariencia de legitimidad al momento de comprar vehículos anunciados en redes sociales.
De acuerdo con las víctimas, el modo de operar está perfectamente calculado. Todo inicia cuando Puente detecta un anuncio de venta en grupos de Facebook. Se comunica por mensaje, muestra interés inmediato y se presenta como un comprador serio, familiar y aparentemente solvente. La presencia de su esposa e hijo durante las citas funciona como un elemento para tranquilizar a los vendedores, quienes asumen estar frente a una familia que busca un auto para su uso personal.
Ya en el punto de encuentro, Puente revisa el vehículo, lo conduce y negocia el precio. Posteriormente, frente al propietario, realiza una supuesta transferencia bancaria desde su aplicación móvil e incluso muestra un comprobante digital que aparenta ser auténtico. Con el depósito “confirmado”, solicita la entrega de la factura, documentos oficiales y llaves. Finalmente se marcha a bordo del automóvil, sin generar sospecha inmediata.
Sin embargo, el fraude queda al descubierto horas después, cuando las víctimas verifican que el depósito nunca se acreditó. En algunos casos, la operación aparece como rechazada; en otros, simplemente no existe rastro de la transferencia. Para entonces, el vehículo ya fue trasladado —según relatan los afectados— a Querétaro, punto donde se pierde completamente su paradero.
Cuando los vendedores intentan reclamar, Puente y su esposa cambian abruptamente de tono. Los afectados aseguran que ambos se presentan como integrantes de la Guardia Nacional, utilizando frases intimidantes para disuadir cualquier acción legal. Lejos de intentar resolver el supuesto “error bancario”, exigen 12 mil pesos a cambio de no generar problemas y “evitar consecuencias”. Algunos denunciantes aseguran haber recibido amenazas directas de daño si no accedían a pagar.
A pesar de la gravedad del caso, las personas afectadas afirman que Puente continúa operando en Piedras Negras. Una de las denunciantes, Anahí González, hermana de uno de los perjudicados, relató que el presunto estafador incluso fue detenido en una ocasión. No obstante, aseguró que recuperó su libertad bajo el argumento de que él también habría sido víctima, una versión que las siete personas consideran totalmente incongruente y que, dicen, desconoce la evidencia que cada una aportó por separado.
Los afectados señalaron que este patrón delictivo no solo les generó pérdidas económicas considerables, sino que también ha provocado ansiedad, temor y una sensación de indefensión al ver que los vehículos fueron sacados del estado sin posibilidad de recuperación inmediata. Algunos de ellos incluso mencionaron que el mismo sujeto continuó publicando mensajes en redes sociales y contactando a nuevos vendedores durante los días posteriores a las primeras denuncias, lo que incrementa el riesgo de que más ciudadanos caigan en el engaño.
Por ello, los siete denunciantes solicitaron públicamente que la Fiscalía avance con celeridad en las investigaciones, vincule la totalidad de las carpetas y actúe para impedir que Puente y su familia sigan cometiendo estafas bajo el mismo esquema. También hicieron un llamado a quienes hayan vivido experiencias similares para que acudan a denunciar y fortalezcan el expediente que busca frenar esta serie de delitos.
Mientras tanto, las autoridades analizan la información proporcionada, los comprobantes falsos, las conversaciones en redes sociales y los testimonios coincidentes que revelan un mismo patrón de operación. Las víctimas confían en que la actuación conjunta permita detener al responsable y evitar que otros pierdan su patrimonio a causa de este mecanismo fraudulento.
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