Fiscalía de Cuba imputa a Alejandro Gil por espionaje y lavado de activos
La Fiscalía General de Cuba presentó cargos contra el exministro Alejandro Gil por espionaje, malversación y lavado de activos, tras más de un año de investigación.
La Fiscalía General de Cuba informó este 31 de octubre de 2025 la imputación del exministro de Economía y Planificación Alejandro Gil, acusado de espionaje, malversación y lavado de activos, luego de permanecer un año y siete meses en prisión provisional.
Fiscalía imputa a Alejandro Gil por múltiples delitos
La Fiscalía General de Cuba confirmó la imputación formal del exministro de Economía y Planificación y exvice primer ministro Alejandro Gil, por los delitos de espionaje, malversación, falsificación de documentos, evasión fiscal, tráfico de influencias y lavado de activos, entre otros. Según el comunicado oficial, también enfrenta cargos por cohecho, infracción de normas de protección de documentos clasificados, sustracción y daño de documentos u objetos en custodia oficial.
El anuncio se produce más de un año después de que el presidente Miguel Díaz-Canel revelara que Gil estaba siendo investigado por “graves errores” en su gestión, apuntando a presuntos actos de corrupción dentro del Gobierno.
El mayor escándalo político en décadas
Gil, considerado uno de los funcionarios más cercanos a Díaz-Canel, fue destituido de su cargo en febrero de 2024. Un mes después, la presidencia confirmó el inicio de una investigación penal por corrupción y uso indebido de recursos públicos. Durante este tiempo, el exministro ha permanecido en prisión provisional, mientras las autoridades recopilaban pruebas sobre las presuntas irregularidades cometidas durante su administración.
De acuerdo con medios oficiales, Gil es hasta ahora el funcionario de más alto rango procesado por delitos de corrupción en Cuba en las últimas décadas. La fiscalía no precisó la fecha del juicio, pero aseguró que el proceso continúa bajo supervisión judicial.
Contexto y repercusiones
La imputación de Gil ocurre en medio de una profunda crisis económica en la isla, marcada por la escasez de divisas, el aumento del déficit fiscal y la caída de la producción nacional. Analistas señalan que el caso podría tener repercusiones políticas dentro del aparato gubernamental cubano, debido a la cercanía que Gil mantenía con la cúpula del poder.
La Fiscalía enfatizó que el proceso judicial “se desarrollará conforme a la legislación vigente y con pleno respeto a los derechos del acusado”, sin ofrecer más detalles sobre las pruebas presentadas.
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