Gobierno federal buscará pena capital en Washington DC
El presidente Trump anuncia que el gobierno federal buscará sistemáticamente la pena de muerte para homicidios en Washington D.C., en una medida sin precedentes.
En un movimiento que intensifica significativamente su enfoque de "ley y orden", el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca este martes que el gobierno federal comenzará a buscar sistemáticamente la pena de muerte en los casos de homicidio que ocurran en la capital del país, Washington D.C. La medida representa una intervención federal directa en la jurisdicción local y revertiría una prohibición efectiva de la pena capital en la ciudad.
"Si alguien mata a alguien en la capital, Washington D.C., buscaremos la pena de muerte, y esa es una medida preventiva muy sólida", afirmó Trump. "No sé si estamos preparados para ello en este país, pero lo tenemos. Lo tenemos; no tenemos otra opción". Esta política se enmarca dentro de los amplios esfuerzos de la administración por ejercer un mayor control federal sobre el distrito, cuyos residentes son mayoritariamente demócratas.
Contexto de la medida de "Ley y Orden"
El anuncio no se produce de forma aislada. En semanas recientes, la administración Trump ha declarado un estado de emergencia en Washington D.C. y ha desplegado agentes federales y efectivos de la Guardia Nacional para apoyar a la policía local. La justificación esgrimida por el gobierno central es combatir lo que considera un nivel inaceptable de delincuencia violenta y vandalismo.
Sin embargo, las autoridades locales, incluida la alcaldesa Muriel Bowser, han rechazado enérgicamente esta caracterización. Funcionarios de la ciudad han señalado estadísticas federales y municipales que muestran que, si bien ha habido picos recientes en ciertos delitos, la criminalidad violenta en general ha disminuido significativamente desde sus máximos históricos en la década de 1990 y en comparación con el pico registrado a principios de 2023. La percepción de una crisis de seguridad se convierte, pues, en el centro del debate político.
El estatus único de Washington D.C.
La viabilidad de esta medida radica en el estatus jurídico único de Washington D.C. La capital de la nación no es un estado, sino un distrito federal establecido directamente por la Constitución de los Estados Unidos y bajo la jurisdicción última del Congreso. Aunque en 1973 se aprobó la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, que permitió a los residentes elegir a su propio alcalde y concejo municipal, el Congreso se reserva el derecho de intervenir y anular las leyes locales.
Es crucial destacar que el Distrito de Columbia abolió la pena de muerte para los delitos procesados bajo su propia jurisdicción local en 1972, y posteriormente reforzó esta postura. No obstante, para los delitos procesados a nivel federal, la pena capital sigue siendo un castigo permissible. La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia es la encargada de procesar tanto los delitos federales como una amplia gama de delitos locales, una peculiaridad que ahora la administración Trump pretende explotar para aplicar su nueva política.
El camino hacia una Ejecución Federal
Buscar la pena de muerte a nivel federal es un proceso extremadamente complejo, largo y costoso. El anuncio de Trump implica que los fiscales federales presentarán cargos capitales en casos de homicidio que, de otra manera, podrían ser procesados por las autoridades locales sin que la pena máxima estuviera sobre la mesa. El Departamento de Justicia, bajo la fiscal general Pam Bondi, ya ha sentado un precedente al levantar una pausa en las ejecuciones federales que databa de la era Biden y al anunciar que buscaría la pena de muerte en casos específicos, como el de Luigi Mangione, acusado del asesinato de un ejecutivo de UnitedHealth.
Implementar esta política de manera amplia aumentaría drásticamente el número de casos capitales en el sistema federal. Cada caso de pena de muerte conlleva múltiples niveles de apelación automática, lo que significa que pueden pasar años, incluso décadas, entre la sentencia y una posible ejecución. Este proceso busca minimizar el riesgo de ejecutar a un inocente, pero también consume una enorme cantidad de recursos judiciales y fiscales.
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