Juez federal bloquea orden de Trump sobre ciudadanía
Un juez federal bloqueó la polémica orden ejecutiva de Donald Trump que pretendía eliminar la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos.
El juez Joseph Laplante bloqueó este 9 de julio la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento en EE.UU., alegando daño constitucional.
Fallo federal impide entrada en vigor de la medida
El juez federal Joseph Laplante, del estado de New Hampshire, bloqueó de forma nacional este martes la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que eliminaba la ciudadanía automática por nacimiento, una medida que debía entrar en vigor el 27 de julio de 2025.
La decisión judicial se dio tras una demanda colectiva promovida por la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU), en representación de personas como Barbara, una solicitante de asilo hondureña embarazada. La resolución considera que la orden de Trump viola la Enmienda 14 de la Constitución, la cual garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense.
La ciudadanía, “el mayor privilegio del mundo”
En su dictamen, Laplante declaró que “privar de la ciudadanía estadounidense es un cambio abrupto de una política de larga data y provoca daños irreparables”. El juez, designado por el presidente republicano George W. Bush, recordó que la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional profundamente arraigado.
Sin embargo, el fallo incluye una pausa de siete días para permitir al Gobierno presentar una apelación, lo que abre una nueva fase en el litigio judicial en torno a una de las políticas migratorias más controvertidas impulsadas por Trump desde su regreso al poder.
¿Qué implicaba la orden ejecutiva?
La orden anunciada por Trump en su segundo día de mandato pretendía modificar la interpretación de la Enmienda 14, para negar la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes en situación irregular. Este enfoque había sido ampliamente criticado por juristas, defensores de derechos humanos y organizaciones migratorias, quienes alertaban sobre sus consecuencias legales y sociales.
El Gobierno defendía la medida como una forma de frenar el “turismo de nacimiento”, pero los detractores señalaron que eliminar ese derecho afectaría a miles de niños nacidos en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
La demanda: ¿quién es Barbara y qué defiende?
La demanda fue presentada bajo el nombre de “Barbara y otros”, en referencia a una ciudadana hondureña con solicitud de asilo pendiente que espera dar a luz en octubre en EE.UU. Según el recurso legal, la orden de Trump privaría automáticamente a su hijo de la ciudadanía, pese a haber nacido en territorio estadounidense.
La ACLU argumentó que esta medida generaría una población apátrida dentro del país y vulneraría los principios constitucionales de igualdad ante la ley. En el dictamen, el juez subrayó que “los demandantes pueden sufrir un daño irreparable si no se otorga la orden de bloqueo”.
Precedentes judiciales y jurisprudencia clave
Este no es el primer fallo del juez Laplante contra la misma orden. En febrero de 2025, ya había dictaminado en contra de la medida, aunque con un alcance limitado solo a ciertas organizaciones. En esa ocasión, Laplante también consideró que la orden violaba la Enmienda 14.
La ciudadanía por nacimiento ha sido confirmada reiteradamente por la jurisprudencia estadounidense, destacando el caso United States v. Wong Kim Ark (1898), en el que la Corte Suprema ratificó que todos los nacidos en suelo estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres, son ciudadanos.
El Tribunal Supremo y los fallos anteriores
Antes de este fallo federal, otros jueces estatales ya habían bloqueado intentos similares por parte de la administración Trump. No obstante, el Tribunal Supremo anuló esos fallos, argumentando que las órdenes ejecutivas con alcance federal no pueden ser detenidas por jueces estatales.
El dictamen de Laplante marca la primera ocasión en que un tribunal federal bloquea completamente la orden a nivel nacional, lo que representa un punto de inflexión en la disputa legal sobre la interpretación constitucional de la ciudadanía.
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