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Juez federal declara inconstitucional la 'Ley Ciberacoso' del estado de Puebla

Ley Ciberacoso
Agencias
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Un juez federal invalidó la "Ley Ciberacoso" de Puebla, que penalizaba insultos en redes, por considerar que es vaga, imprecisa y atenta contra la libertad de expresión.

Un juez federal de Distrito en Puebla declaró inconstitucional la denominada "Ley Ciberacoso" aprobada por el Congreso de ese estado, que castigaba con hasta tres años de prisión los insultos en redes sociales, al considerar que la norma es vaga, imprecisa, genera inseguridad jurídica y tiene un "efecto inhibitorio" sobre la libertad de expresión, según la sentencia concedida a un amparo promovido por el abogado César Pineda Zarate.

El juez Tercero de Distrito en Materia Penal, Horacio Óscar Rosete Mentado, determinó que el delito de "ciberasedio" descrito en la ley es demasiado impreciso y deja en manos de la discrecionalidad estatal la determinación de lo ilícito, sin cumplir con los estándares de claridad exigidos por la Constitución y tratados internacionales. Esto, señaló, viola el principio de legalidad y seguridad jurídica consagrado en el Artículo 14 Constitucional y en el Artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Alcance de la sentencia y artículo anulado

La sentencia declara la inconstitucionalidad específica del Artículo 480 del Código Penal de Puebla, reformado mediante decreto publicado el 11 de julio de 2025. El juez concedió el amparo al quejoso César Pineda Zarate, protegiéndolo de la aplicación de dicha norma. El fallo subraya que el legislador local no incorporó elementos típicos suficientes para definir con precisión la conducta delictiva, creando un riesgo de aplicación arbitraria y censura previa.

Contexto de la ley y críticas previas

La "Ley Ciberacoso" había sido promovida como una medida para proteger a las personas de la violencia digital. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y expertos en derechos digitales la criticaron desde su aprobación, argumentando que su redacción ambigua podía criminalizar expresiones legítimas y disuadir el debate público en plataformas digitales, convirtiéndose en una herramienta potencial de censura bajo el pretexto de combatir el acoso.

Implicaciones para la libertad de expresión en internet

Este fallo sienta un precedente relevante sobre la regulación del discurso en línea en México. Reafirma que cualquier ley que busque penalizar expresiones en redes sociales debe estar redactada con extrema precisión para no transgredir garantías fundamentales. La decisión judicial representa un triunfo para los defensores de las libertades digitales y un recordatorio de los límites del poder legislativo estatal en esta materia.

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