Juez ordena al Gobierno de Trump facilitar regreso de migrante
Un juez federal en Massachusetts ordenó al Gobierno de Donald Trump facilitar el regreso de un migrante guatemalteco expulsado pese a contar con protección legal.
Un juez federal de Massachusetts ordenó al Gobierno de Donald Trump facilitar de inmediato el regreso a Estados Unidos de un hombre guatemalteco, expulsado erróneamente a México, a pesar de contar con protección humanitaria desde febrero, debido al riesgo de persecución por su orientación sexual.
El juez Brian Murphy, del Distrito de Massachusetts, dictó la medida tras determinar que el migrante —identificado en la demanda como O.C.G.— fue expulsado a México en violación de una orden judicial previa. La corte había concedido al hombre un bloqueo de expulsión debido al riesgo de persecución, tortura o muerte en Guatemala o México, por su condición de homosexual.
Según los documentos del caso, O.C.G. fue violado en México antes de su expulsión, lo cual refuerza la preocupación del tribunal sobre el peligro que enfrenta fuera de territorio estadounidense. El juez ordenó que el Gobierno coordine de inmediato con los abogados del demandante para facilitar su retorno seguro a Estados Unidos.
La orden fue emitida la noche del viernes, subrayando que la administración federal incumplió sus obligaciones legales al ejecutar la expulsión de forma unilateral, a pesar de que el migrante tenía ya una protección legal vigente desde febrero de 2025.
Reincidencia en expulsiones ilegales preocupa a jueces
El caso de O.C.G. no es aislado. El mismo juez Murphy había emitido el mes pasado una orden para frenar la deportación de ocho migrantes, incluidos dos cubanos y un mexicano, hacia Sudán del Sur. No obstante, el Gobierno permitió el despegue del avión que los transportaba, alegando que los migrantes permanecen bajo custodia federal en Yibuti.
Asimismo, otro caso reciente involucró a Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado en marzo pese a contar con una orden judicial que bloqueaba su expulsión. En ese caso, el Gobierno reconoció un "error administrativo", pero alegó que no puede facilitar su regreso porque se encuentra detenido por otro Gobierno.
La situación también se repite en el caso del venezolano Daniel Lozano Camargo, deportado a El Salvador en contra de una orden de protección. La administración Trump utilizó en su caso la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa que no se aplicaba desde la Segunda Guerra Mundial, para justificar su expulsión.
Administración Trump defiende uso de leyes extraordinarias
La Casa Blanca ha argumentado que el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros es necesario ante lo que califican como una "invasión de pandillas internacionales", señalando particularmente a organizaciones como el Tren de Aragua. Según el Gobierno, Lozano Camargo estaría vinculado a dicha estructura criminal.
Este enfoque ha sido cuestionado por jueces federales y organizaciones de derechos humanos, que lo consideran una forma de evadir procesos judiciales ordinarios y negar protecciones básicas a migrantes vulnerables.
Las decisiones judiciales recientes evidencian un patrón de expulsiones indebidas que ponen en riesgo la vida de migrantes que, de acuerdo con la ley estadounidense, deberían permanecer bajo protección humanitaria.
Organizaciones denuncian violaciones sistemáticas a derechos
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que las acciones de la administración Trump podrían constituir violaciones sistemáticas al debido proceso. Advierten que deportaciones realizadas sin evaluación individualizada representan una amenaza directa a los principios del sistema migratorio estadounidense.
La reiterada desobediencia a fallos judiciales ha incrementado las tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, especialmente en lo referente a políticas migratorias implementadas sin supervisión adecuada.
El caso de O.C.G. podría convertirse en precedente clave para otras demandas colectivas en curso que denuncian expulsiones aceleradas sin audiencia ni defensa legal, contrarias a las obligaciones internacionales de Estados Unidos.
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