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La “Ley Silla” entra en vigor en todo el país y se implementa en la Región Carbonífera

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Yesenia Colunga
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A partir del 17 de junio, la Ley Silla entra en vigor en todo México, incluyendo la Región Carbonífera, obligando a las empresas a proporcionar asientos con respaldo para garantizar el derecho al descanso de los trabajadores durante su jornada laboral.

A partir del 17 de junio, entra en vigor en todo México la conocida “Ley Silla”, una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que garantiza el derecho al descanso durante la jornada laboral y obliga a los empleadores a proporcionar asientos con respaldo a sus trabajadores, informó el licenciado y maestro en derecho Saúl Tristán de la Cruz, originario de Sabinas, Coahuila.

Esta medida también comienza a aplicarse en la Región Carbonífera, donde se espera que las empresas adopten las nuevas disposiciones para mejorar las condiciones laborales de sus empleados.

La reforma, publicada hace seis meses en el Diario Oficial de la Federación, establece que todas las empresas, sin importar la actividad que realicen, deberán contar con sillas o asientos adecuados para que los trabajadores puedan hacer pausas durante su jornada laboral. Este cambio busca prevenir daños a la salud derivados de permanecer de pie por largos períodos.

Anteriormente, la LFT contemplaba la existencia de sillas en los centros de trabajo desde una perspectiva operativa, es decir, como una herramienta para realizar ciertas tareas. La “Ley Silla” modifica este enfoque al reconocer que el asiento es fundamental para garantizar el bienestar y la salud de los empleados.

Entre los aspectos más importantes de la reforma está la prohibición expresa para los empleadores de obligar a los trabajadores a permanecer de pie durante toda su jornada laboral. Asimismo, se estipula que los asientos deben contar con respaldo y estar ubicados en un área destinada para tal fin, que no necesariamente coincide con el lugar donde se realiza la actividad laboral.

Las empresas que incumplan con esta nueva regulación podrían enfrentarse a multas superiores a 280 mil pesos o, en casos graves, a la suspensión de actividades, advirtieron autoridades laborales.

Con esta medida, el gobierno federal busca mejorar las condiciones laborales y proteger la salud de los trabajadores en todo el país, incluida la Región Carbonífera.

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