Legalización de autos por decreto en la frontera a la baja
El REPUVE ya no acepta las cartas notariales ante la falta del titulo siendo una de las causas en la disminución en los procesos
Tras haberse implementado el decreto presidencial para la regularización de vehículos de procedencia extranjera, la legalización de automóviles conocidos como “chocolates” ha registrado una drástica caída en la región norte del estado. La principal razón, señalan expertos, radica en las nuevas restricciones del sistema REPUVE que ya no admite cartas notariales como comprobante de propiedad en ausencia del título original del vehículo.
José de Jesús González, gestor especializado en el proceso de regularización, explicó que la medida ha generado un fuerte impacto entre los ciudadanos que buscaban apegarse al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2022. “Hoy en día, si no tienes el título original del automóvil, ya no puedes utilizar una carta notariada como respaldo legal, como se permitía anteriormente. Esto ha hecho que muchas personas no puedan continuar con el trámite”, indicó.
El requisito clave para poder regularizar una unidad es que haya ingresado a México antes del 19 de octubre del 2021, condición que ya limitaba en gran medida el universo de vehículos elegibles. Ahora, con la eliminación de las cartas notariales como documento válido, el panorama se ha vuelto aún más restrictivo.
González explicó que, en muchos casos, los propietarios que no cuentan con el título original optan por tramitar una copia del documento en Estados Unidos. Sin embargo, la fecha de emisión de ese nuevo título será de 2025, lo que automáticamente descalifica al vehículo del proceso, ya que las autoridades mexicanas lo consideran como una unidad recientemente importada.
Decreto vs. Importación tradicional
El costo del trámite de regularización bajo el decreto presidencial sigue siendo de 2,500 pesos, a los que se suman los gastos de emplacamiento correspondientes. Esta tarifa, considerablemente accesible, incentivó en su momento a miles de ciudadanos a legalizar sus autos extranjeros. Sin embargo, con las nuevas limitaciones, muchos se ven forzados a optar por la importación legal tradicional, también conocida como “fronteriza”, cuyo costo promedio se eleva hasta los 28 mil pesos, debido al pago de impuestos y gestiones ante la Aduana.
Esta diferencia de costos representa un obstáculo económico importante para la mayoría de los propietarios, especialmente aquellos que adquirieron sus vehículos usados en remates o ventas particulares en Estados Unidos. Para muchos, regularizar su auto por la vía aduanal resulta inviable, lo que genera incertidumbre respecto a la circulación legal de estas unidades.
Impacto regional y percepción social
En estados fronterizos como Coahuila, el programa de regularización fue inicialmente bien recibido, pues ofrecía una solución formal para miles de unidades que circulaban en la ilegalidad. Piedras Negras, por ejemplo, registró una alta demanda en 2022 y 2023, con filas diarias de ciudadanos en centros de REPUVE y módulos temporales.
No obstante, el escenario actual ha llevado a una reducción visible en la demanda, y con ello, una ralentización en los procesos de legalización. Tramitadores, gestores y funcionarios han notado esta baja, lo que también implica una disminución en los ingresos generados por este concepto para los estados y municipios, quienes perciben parte de los recursos recaudados para destinarlos a programas de seguridad vial.
Llamado a la actualización del decreto
Ante este panorama, algunos gestores y ciudadanos han comenzado a solicitar una actualización del decreto, que contemple nuevas fechas de ingreso y permita nuevamente la validación de cartas notariales en casos debidamente justificados. “Lo que buscamos no es evadir la ley, sino facilitar que más familias puedan tener certeza legal sobre sus vehículos sin enfrentar procesos costosos o engorrosos”, agregó González.
Por el momento, no hay indicios de que el gobierno federal esté contemplando modificaciones al decreto vigente. Mientras tanto, los propietarios de vehículos que no cumplen con los requisitos actuales deben esperar o iniciar un proceso mucho más costoso para poder circular de forma legal.
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