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Madre denuncia la privación ilegal y agresión física contra su hijo en Sabinas

SEGURIDAD
Redacción El Tiempo
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Una madre alzó la voz para exigir justicia luego de que su hijo y el amigo de este fueran presuntamente golpeados por un grupo de civiles en el municipio de Sabinas.

La señora Fabiola Morales Cadena, madre de uno de los menores afectados, denunció públicamente un grave caso de privación ilegal de la libertad, agresión física y amenazas en contra de su hijo de 13 años, ocurrido el pasado sábado 28 de junio, en la colonia de Sabinas, Coahuila.

Según su testimonio, su hijo acudió con autorización a jugar fútbol a una placita cercana, acompañado por otros niños y bajo el conocimiento de una vecina. Aproximadamente a las 8:00 p.m., una vecina llegó a su domicilio en estado de shock, informándole que varios sujetos desconocidos habían golpeado y subido por la fuerza a su hijo y a otro menor de 12 años  en una camioneta tipo Cherokee, sin que se conociera su paradero inmediato.

Vecinos y testigos relataron que los menores gritaban pidiendo auxilio mientras eran sometidos y golpeados. Algunos testigos identificaron otros vehículos implicados, como un automóvil rojo tipo March y un vehículo tipo Spark compacto color plateado.

Posteriormente, un testigo compartió un video con evidencia de la agresión, el cual fue difundido por la madre de la víctima. La búsqueda la llevó hasta un lugar conocido como La Palapa, donde los vehículos fueron vistos. Las personas presentes se negaron inicialmente a dar información, hasta que elementos de una corporación de seguridad informaron que los menores habían sido entregados a la Policía Municipal.

Al acudir a la comandancia municipal, a Fabiola se le negó el acceso a su hijo durante varias horas, exigiéndole requisitos innecesarios como copias de documentos en horarios no hábiles. Finalmente, cerca de la 1:30 a.m. del domingo, tras pagar una multa de 500 pesos, pudo recuperar a su hijo, quien presentaba señales de abuso físico, estaba orinado y en evidente estado de shock.

El menor relató que, tras estar orinando cerca de la plaza, escuchó piedras cayendo en un techo de lámina. Al parecer, esto fue interpretado por un grupo de adultos como una agresión. En represalia, fue interceptado por una camioneta Cherokee, donde un sujeto lo derribó y lo golpeó brutalmente con patadas en el abdomen y cachetadas, causándole dolor interno y una fisura diagnosticada posteriormente en un centro médico.

Tras la agresión, el menor fue obligado a subir al vehículo junto con una mujer adulta, quien lo amenazó con represalias si intentaba escapar. Posteriormente fue llevado a diferentes domicilios para ubicar a otros niños, y más tarde trasladado a La Palapa, donde fue amenazado de muerte y advertido que lo "desaparecerían y le cortarían las manos".

La señora Morales manifestó su indignación y temor por la complicidad aparente de las autoridades municipales, quienes recibieron a su hijo sin fundamento legal ni motivo claro, y se negaron a proporcionar atención inmediata, acceso a su madre o información sobre su estado de salud.

También denunció que en ningún momento se notificó al Consulado de Estados Unidos, dado que su hijo es ciudadano americano, como exige el protocolo en casos de detención de extranjeros.

A pesar de que los agresores alegaron que los menores habían arrojado piedras a La Palapa, no se presentaron pruebas ni se realizó investigación previa, lo cual no justifica la violencia desproporcionada ni el levantamiento por la fuerza de un menor de edad por civiles, ni la omisión de protocolos por parte de las autoridades.

La señora Morales ha presentado ya una denuncia formal ante el Ministerio Público, asistida por un abogado particular, y exige una investigación a fondo que identifique y castigue a los responsables materiales e institucionales de estos hechos. También solicita que se revise la actuación de los elementos de la Policía Municipal de Sabinas por omisiones, negligencia y posible complicidad.

También hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para garantizar la seguridad de su familia, proteger los derechos de los menores y restaurar la confianza en las instituciones públicas, que en este caso han fallado en proteger a un niño inocente.

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