¿Militares en política? Diputados debaten polémica reforma
Diputados debaten reforma que permitiría a militares asumir cargos políticos y formalizaría la integración de la Guardia Nacional a la Sedena.
El Congreso analiza una reforma que integraría a la Guardia Nacional a la Sedena y permitiría a militares asumir cargos políticos por orden presidencial.
La Cámara de Diputados inició la discusión del dictamen que reforma la Ley de la Guardia Nacional, el cual contempla otorgar licencias especiales a militares para ocupar cargos de elección popular o civiles, y formaliza la incorporación de este cuerpo de seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo federal, contempla la modificación de seis leyes relacionadas con las Fuerzas Armadas, además del Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales. El punto más controversial es la creación de una “licencia especial”, que permitiría al personal militar con formación policial integrar cargos políticos o administrativos a nivel municipal, estatal o federal.
Militares podrían ser funcionarios por orden presidencial
El dictamen establece que la licencia especial será otorgada por el presidente de la República o el titular de la Secretaría correspondiente, y permitirá que elementos activos de la Guardia Nacional sean designados en funciones ajenas a la seguridad pública, sin perder su vínculo con la institución.
Una vez terminado el encargo, el personal deberá reincorporarse a la Guardia Nacional: si no hay un plazo establecido, la licencia terminará con el fin del mandato presidencial que la autorizó.
Guardia Nacional bajo el control de la Sedena
Con esta reforma, se consolida la integración operativa y administrativa de la Guardia Nacional a la Sedena, una medida que ha sido objeto de debate desde su creación. La propuesta argumenta que este cambio dará mayor solidez y permanencia al modelo de seguridad pública.
Sin embargo, especialistas en derechos humanos y organismos civiles han manifestado preocupaciones sobre la militarización de funciones civiles y el posible conflicto de interés en el ejercicio de cargos públicos por parte de personal castrense.
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