Modifican arresto domiciliario a Rubí por brazalete
La justicia en Monclova abre una nueva etapa: tras más de un año bajo arresto domiciliario, Rubí “N” ahora enfrentará su proceso con brazalete electrónico, manteniendo la atención en el caso.
Una audiencia realizada el martes 12 de agosto de 2025 permitió que la medida cautelar impuesta a Rubí “N”, acusada del homicidio culposo de Camila, de 15 años, y de Yolanda Carrizales, fuera sustituida por la portación de un brazalete electrónico, tras más de un año bajo arresto domiciliario, presuntamente por cusas de salud.
Medida cautelar revisada
El juez aceptó la solicitud presentada por el abogado defensor Javier Guerrero Rodríguez, quien argumentó que su clienta requiere salir para acudir a citas médicas, en atención a su derecho a la salud. Actualmente, Rubí “N” ya no deberá permanecer confinada en su domicilio, aunque seguirá bajo estricta supervisión judicial mediante el dispositivo electrónico.
Testimonios
La familia de la víctima, representada por la madre de Camila, Laura Vielma, y su abogada, Juanita Olalde, accedió al cambio por razones humanitarias, aunque advirtió:
“Aceptamos la propuesta por motivos de salud, pero eso no significa que renunciemos a buscar justicia. Seguiremos firmes en el proceso para que pague por lo cometido.”
El abogado Guerrero Rodríguez subrayó que el cambio no implica impunidad, sino una adaptación legal en respeto a los derechos del imputado.
Antecedentes del caso
Hace ocho años, el trágico accidente cobró la vida de Camila de 15 años y Yolanda Carrizales, provocado por conducción en estado de ebriedad. El proceso legal derivado se ha caracterizado por su duración prolongada: siete años de proceso legal y más de un año bajo arraigo domiciliario, una medida excepcional que, tras revisión judicial, fue modificada.
Datos locales relevantes y estadísticas
No se han encontrado estadísticas específicas sobre modificaciones de medidas en Monclova, aunque casos similares en Coahuila han registrado reducciones de arraigo o prisión preventiva cuando se acreditan razones de salud o monitoreo electrónico. Esta práctica busca equilibrar justicia y derechos humanos, aunque suele generar debate público sobre la percepción de impunidad.
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