Nueva Ley Antilavado obliga a evaluar a compradores
La Ley Antilavado en México exige a inmobiliarias evaluar a compradores para detectar y reportar riesgos de lavado de dinero desde julio.
La nueva Ley Antilavado, vigente desde julio, impone al sector inmobiliario mayores responsabilidades y la obligación de evaluar el riesgo de sus clientes, con el fin de detectar e informar sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El sector inmobiliario mexicano inició una nueva etapa tras la entrada en vigor de la Ley Antilavado en julio pasado. De acuerdo con la empresa MoradaUno, la reforma introduce obligaciones más estrictas para los asesores inmobiliarios, quienes ahora deberán evaluar a los posibles compradores, crear expedientes y emitir alertas cuando una operación presente riesgo de lavado de dinero.
“Desde 2012 existían algunas disposiciones, pero eran poco revisadas. Hoy los intermediarios comparten responsabilidad con notarios y deberán conocer a fondo a sus clientes”, explicó Jorge Rodríguez, gerente de Desarrollo de Negocios en Regcheq México.
Entre las principales obligaciones destacan la validación de identidad, la verificación de ingresos y la revisión de que el comprador no figure en listas de vigilancia emitidas por las autoridades.
Beneficiario controlador y evaluación formal de riesgo
La nueva legislación también introduce la figura del Beneficiario Controlador, que obliga a identificar a quien posea o controle al menos 25% de una empresa en caso de operaciones realizadas por personas morales.
Otro punto clave es la Evaluación Formal de Riesgo, que requiere que el asesor determine si el cliente representa riesgo bajo, medio o alto, tomando en cuenta factores como forma de pago, nacionalidad, origen de recursos y exposición política.
Por ejemplo, un comprador mexicano que adquiera mediante crédito bancario podría ser considerado de riesgo bajo, mientras que un comprador extranjero que pague en efectivo se clasificaría como alto riesgo.
Avisos obligatorios y conservación de expedientes
Los asesores inmobiliarios deberán notificar al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en un plazo máximo de 24 horas cuando se detecten operaciones sospechosas.
Además, deberán conservar expedientes por 10 años, contar con manuales de cumplimiento, políticas internas y programas de capacitación para su personal.
Aunque la ley ya está vigente, aún falta la publicación de las Reglas de Carácter General, prevista para antes de julio de 2026, las cuales definirán los procedimientos específicos para aplicar la norma.
“El reto no es solo legal, sino operativo. El momento de prepararse es ahora”, advirtió Santiago Morales, CEO de MoradaUno, durante el seminario El Impacto de la Nueva Ley Antilavado en el Sector Inmobiliario.
Sanciones y multas más severas
El incumplimiento de la Ley Antilavado puede derivar en sanciones administrativas o penales, con multas que van desde 20 mil hasta un millón de pesos. Estas pueden acumularse por no presentar avisos, omitir la identificación del cliente o entregar reportes incompletos.
Rodríguez destacó que el objetivo no es “convertir a los asesores en policías”, sino fortalecer la cooperación entre el sector y las autoridades. “El trabajo del asesor sigue siendo vender inmuebles, pero hay focos rojos que deben atenderse”, puntualizó.
Economía: Plusvalías de Afores: récord de 941 mil mdp en 2025
La Asociación Mexicana de Afores (Amafore) anunció que las plusvalías acumuladas por el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) entre enero y septiembre de 2025 superaron los 941 mil 532 millones de pesos, una cifra histórica que representa el 11.68% de los recursos -- leer más
Noticias del tema