Nueva Ley de Extorsión contempla hasta 15 años de prisión
El Gobierno de México propone una nueva ley que sanciona la extorsión con hasta 15 años de prisión, buscando que el delito se persiga de oficio en todo el país.
El Gobierno de México enviará una Iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, que contempla penas de seis a quince años de prisión y busca que el delito se persiga de oficio en todo el país.
Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, informó que el Gobierno de México enviará al Congreso una Iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión y Delitos Vinculados.
La nueva legislación busca unificar los criterios en todas las entidades federativas y a nivel federal, de modo que el delito de extorsión se persiga de oficio, sin depender de una denuncia previa para iniciar su investigación.
La iniciativa contempla penas de seis a quince años de prisión y multas que van de 11 mil 314 a 56 mil 570 pesos para quienes cometan este delito.
Agravantes y extinción de dominio
Godoy Ramos explicó que la iniciativa establece un tipo penal básico y diversas agravantes que incrementarán las penas. Entre estas agravantes se encuentran los casos de:
- Cobro de piso.
- Cuando las víctimas sean personas migrantes, menores de edad o servidoras públicas.
- Cuando el delito se cometa desde centros penitenciarios.
El proyecto de ley eleva además a rango de ley la estrategia nacional contra la extorsión, que actualmente opera bajo la línea de denuncia 089. Esta línea, según Godoy, ha mostrado resultados positivos en prevención y atención ciudadana.
Adicionalmente, la iniciativa propone reformas al Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Esta última reforma es clave, ya que busca que la extorsión sea considerada un delito sujeto a extinción de dominio.
Godoy Ramos concluyó que la iniciativa contribuye a la política nacional que busca combatir, enfrentar y frenar el avance de este fenómeno delictivo que requiere una intervención reforzada y coordinada de las instituciones del Estado mexicano.
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