Nueva Ley de Telecomunicaciones genera alerta entre usuarios de telefonía celular
El Senado aprobó reformas que permiten al Gobierno acceder a datos personales y de ubicación de usuarios móviles sin orden judicial, generando preocupación por posibles abusos de vigilancia.
La reciente aprobación en el Senado de la República de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ha desatado una fuerte polémica a nivel nacional. Diversos sectores, incluidos expertos en tecnología, legisladores de oposición y organizaciones de la sociedad civil, han advertido que la nueva legislación podría abrir la puerta a una vigilancia masiva sin control judicial, afectando directamente a millones de usuarios de telefonía celular en el país.
Con 77 votos a favor y 30 en contra, el Senado dio luz verde a una serie de disposiciones que forman parte de una estrategia más amplia de centralización del poder digital. Entre los aspectos más controvertidos está la capacidad del Estado para acceder, en tiempo real, a datos personales y biométricos, así como a registros de llamadas, mensajes, metadatos de navegación y ubicación geográfica, sin necesidad de autorización judicial.
La ley también contempla la creación de una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, integrada por cinco personas designadas directamente por la Presidencia, y subordinada a una nueva Agencia Digital del Estado Mexicano, lo que ha generado preocupación sobre la falta de independencia y de controles institucionales.
Juan Carlos Hernández, experto en telefonía celular y datos móviles, advirtió sobre las implicaciones directas que esto tendrá en la vida cotidiana de los ciudadanos. “Cualquier persona que tenga un celular podrá ser monitoreada, aunque no esté involucrada en una investigación judicial. Esto afecta no solo a periodistas, activistas o figuras públicas, sino también a usuarios comunes”, explicó.
Uno de los puntos que más inquietud ha causado es que las empresas de telefonía móvil como Telcel, AT&T, Unefon y Movistar— estarán obligadas a registrar la identidad de cada usuario que adquiera un chip telefónico, solicitando credencial del INE o CURP, incluso para líneas de prepago. En caso de que un usuario se niegue a proporcionar sus datos, la línea podrá ser cancelada, dejándolo sin servicio de llamadas, mensajes o internet.
Actualmente, en México, más del 80% de las líneas móviles son de prepago, lo que significa que esta reforma afectaría directamente a millones de personas que usan este tipo de servicio por su bajo costo y accesibilidad.
Además, con esta legislación, el Gobierno no tendrá que solicitar autorización de un juez para acceder al historial de comunicaciones de los usuarios. Toda esta información podrá ser consultada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y otras dependencias, lo que ha generado fuertes críticas por parte de quienes consideran que la ley viola principios básicos de privacidad y presunción de inocencia.
Las implicaciones de esta reforma han sido calificadas por varios sectores como un atentado contra los derechos digitales. Activistas y legisladores de oposición han denominado a esta normativa como la “Ley Espía”, al considerar que institucionaliza la vigilancia sin transparencia ni rendición de cuentas.
Además, han advertido que esta medida puede ser utilizada con fines políticos, particularmente para vigilar opositores, periodistas críticos y movimientos sociales, lo que representaría un retroceso en materia de libertades civiles.
Por su parte, las empresas de telecomunicaciones deberán comenzar a notificar a sus usuarios sobre los nuevos requisitos de registro, y los mecanismos de recolección de datos deberán implementarse en los próximos meses, a medida que se publique el reglamento correspondiente.
En tanto, organizaciones defensoras de los derechos digitales ya han anunciado que impugnarán esta ley ante instancias judiciales nacionales e internacionales, argumentando que pone en riesgo la privacidad, libertad de expresión y seguridad de los ciudadanos en el entorno digital.
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