Permanecen cerradas las oficinas de atención a clientes de la CFE
Sin previo aviso ni explicación oficial el servicio no se presto este día desconociendo si se reanudará a la brevedad.
Usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encontraron con las puertas cerradas en la oficina de atención al cliente ubicada en la colonia Roma, una de las más concurridas de Piedras Negras. Sin previo aviso, sin comunicados oficiales, ni claridad sobre los motivos, la sede amaneció inoperante, dejando a decenas de ciudadanos sin la posibilidad de realizar trámites, aclaraciones o gestiones relacionadas con su servicio eléctrico.
El cierre repentino de estas instalaciones ha generado inquietud y molestia entre la población, particularmente entre quienes acuden con urgencia para resolver problemas relacionados con cortes de luz, fallos técnicos, aclaraciones de cobros excesivos o para realizar convenios de pago. Esta situación no solo representa una afectación operativa, sino también una falta de respeto hacia los usuarios, quienes mantienen económicamente a la institución a través del pago de sus tarifas.
Una decisión sin rostro y sin voz oficial
Hasta el momento, ningún vocero de la CFE ha emitido una declaración pública sobre las causas del cierre. Tampoco se ha divulgado información a través de los canales digitales de la empresa ni se han colocado anuncios visibles en el acceso principal que orienten a los ciudadanos respecto a una posible fecha de reanudación de actividades. El silencio institucional alimenta la incertidumbre y profundiza la desconexión entre la paraestatal y la ciudadanía.
Diversas versiones no confirmadas por fuentes oficiales apuntan a que el cierre podría estar relacionado con una demanda laboral no atendida por parte de los trabajadores sindicalizados de la CFE, quienes habrían tomado la decisión de suspender labores en protesta por el incumplimiento de ciertos compromisos contractuales. De ser cierta esta versión, estaríamos frente a una problemática laboral interna que, una vez más, termina repercutiendo directamente en los usuarios del servicio.
En los municipios de la región de los Cinco Manantiales también se habría replicado esta decisión, lo que da indicios de una posible protesta coordinada a nivel regional. Sin embargo, al carecer de información oficial, todo queda en el terreno de la especulación.
Cajeros sin afectación, pero insuficientes
Cabe destacar que, a pesar del cierre de la oficina de atención, los cajeros automáticos para el pago del servicio eléctrico continuaron funcionando con normalidad, lo cual permitió a algunos usuarios cumplir con sus obligaciones sin mayores contratiempos. Sin embargo, esta opción resulta insuficiente para aquellos que no solo buscan pagar, sino resolver dudas, negociar adeudos, reportar fallas o solicitar reconexiones, trámites que requieren atención presencial.
El pago automatizado puede funcionar como una alternativa parcial, pero no sustituye la atención personalizada que requieren ciertos casos. Las oficinas físicas, especialmente en una ciudad con amplios sectores de la población que no dominan las plataformas digitales o carecen de acceso confiable a internet, siguen siendo un canal indispensable.
La falta de transparencia como patrón institucional
El caso del cierre de la CFE no es un hecho aislado; se suma a una larga cadena de situaciones en las que instituciones públicas o paraestatales toman decisiones que afectan directamente al ciudadano sin ofrecer explicaciones claras, oportunas ni empáticas. Esta práctica alimenta la percepción de opacidad y falta de compromiso con la rendición de cuentas hacia la sociedad.
La CFE, como prestadora de un servicio público esencial, tiene la obligación no solo legal, sino ética, de mantener una comunicación permanente, efectiva y honesta con sus usuarios. La ausencia de una postura institucional ante una medida tan drástica como el cierre de sus oficinas de atención deja al descubierto una preocupante desconexión entre la empresa y la comunidad a la que sirve.
Consecuencias prácticas del cierre
Los efectos inmediatos del cierre se vieron reflejados en la molestia de decenas de personas que acudieron a realizar trámites importantes. Desde personas mayores que no manejan sistemas digitales, hasta usuarios con cortes programados o negociaciones urgentes de pago, todos se vieron obligados a regresar en otra fecha, perdiendo tiempo, dinero y, en muchos casos, la posibilidad de resolver a tiempo problemas críticos que pueden terminar en la suspensión del servicio.
La energía eléctrica no es un lujo, es una necesidad básica. Su interrupción por razones administrativas o la imposibilidad de acceder a los canales de atención puede tener consecuencias graves: pérdida de medicamentos refrigerados, interrupción de tratamientos médicos, afectaciones a pequeños comercios, entre muchas otras repercusiones.
¿Y el derecho del usuario?
En medio de esta situación, conviene recordar que los ciudadanos también tienen derechos como consumidores de servicios públicos. El derecho a la información clara y oportuna, a la atención personalizada, a la reparación de daños cuando existan fallas en el servicio, y a una respuesta institucional cuando se presentan irregularidades. Cuando estas garantías no se cumplen, se vulnera la confianza ciudadana y se deja al usuario en estado de indefensión.
La CFE debe entender que sus oficinas no pueden cerrar sin justificación pública ni sin plan de contingencia. La ciudadanía merece respeto, y cualquier paro laboral, protesta interna o fallo organizacional debe ser enfrentado con responsabilidad y transparencia. No se puede jugar con el tiempo y la necesidad de los usuarios, ni mucho menos con un servicio tan esencial como lo es la energía eléctrica.
Exigencia de una respuesta
En tanto no exista una declaración oficial por parte de la empresa o del sindicato de trabajadores, la única certeza que tiene el ciudadano es la incertidumbre. Y en una sociedad democrática, eso no puede ser la norma.
La exigencia es clara: los ciudadanos merecen una explicación y una solución. Es responsabilidad tanto de la Comisión Federal de Electricidad como del sindicato —en caso de estar involucrado— aclarar la situación, ofrecer disculpas públicas y garantizar la continuidad del servicio en todas sus formas. Lo mínimo que se espera de una institución pública es su compromiso con la gente.
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