Debate en Coahuila por el cobro del Derecho de Alumbrado Público
Debate en Coahuila por el cobro del Derecho de Alumbrado Público: municipios lo defienden, pero empresas y la Corte cuestionan su legalidad.
El impuesto al alumbrado público se ha convertido en el centro de la discusión local, con posturas que van desde la necesidad de garantizar recursos para el municipio hasta el temor empresarial de un impuesto inconstitucional.
El Derecho de Alumbrado Público es un cobro municipal diseñado para cubrir el gasto de iluminación en calles, plazas y espacios públicos. En México se ha vuelto uno de los temas más polémicos: los municipios lo defienden como ingreso legítimo, mientras organismos empresariales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuestionan sus esquemas de aplicación.
La Corte ha señalado que los cobros calculados como porcentaje del consumo eléctrico pueden considerarse impuestos disfrazados, ya que los usuarios no contratan directamente un servicio, sino que se les carga automáticamente en la factura de la CFE, lo que puede ser inconstitucional y generar litigios. En Coahuila, la discusión adquiere matices distintos.
En Monclova, el DAP depende totalmente de la CFE. Cada enero, el Ayuntamiento firma un convenio de colaboración avalado por áreas jurídicas, dijo Alberto Medina, Secretario del ayuntamiento. El cobro aparece en los recibos de luz: una factura residencial mayor a 450 pesos genera aproximadamente 30 pesos adicionales, con montos distintos según el usuario sea residencial, comercial o industrial. Aunque el tesorero administra los montos exactos, la Secretaría del Ayuntamiento garantiza la legalidad del proceso. Este ingreso es esencial para sostener el alumbrado público, aunque limita la autonomía financiera frente a los tiempos y descuentos de la CFE.
En Torreón, el DAP es un ingreso significativo. La Ley de Ingresos 2025 proyecta recaudar 173 millones 93 mil 760 pesos, con un límite de 106 pesos por recibo. Tras la comisión de 4.99% de la CFE, el municipio recibe neto 164.45 millones de pesos. En 2023, la CFE acumuló 11 millones de pesos pendientes de depósito, complicando la planeación. Desde 2014, el alumbrado está concesionado a Construlita Lighting International. En julio de 2025, lluvias generaron 843 fallas en una semana, 52% más que el promedio, y 20 cuadrillas restablecieron 2,500 luminarias en 48 horas. A pesar de la inversión, vecinos expresan que el servicio no refleja el pago del DAP.
En Saltillo, no se cobra DAP. El alcalde Javier Díaz González confirmó que la Ley de Ingresos 2025 lo excluye y que los ajustes se limitarán al 4% inflacionario. La medida busca no presionar la economía familiar y cubrir el alumbrado con recursos propios, evitando conflictos legales y políticos derivados de la preocupación de la SCJN sobre cobros como porcentaje del consumo eléctrico.
En Piedras Negras, el DAP provocó confrontación directa. El alcalde Jacobo Rodríguez aplicó un 2.5% exclusivo a la industria, lo que generó rechazo de Canaco, Canacintra e Index, preocupadas por la competitividad y la inversión. Rodríguez defendió la medida, comparándola con Acuña, y denunció la falta de apoyo estatal en obras financiadas con el ISN y recursos para la planta tratadora de aguas. Además, el DAP enfrenta retos legales: la SCJN ha señalado que los cobros no pueden calcularse como porcentaje del consumo eléctrico, pues podrían considerarse impuestos disfrazados.
En la Región Carbonífera, los cobros varían: Sabinas $42, Nueva Rosita $46.50 y Múzquiz, donde el cobro apenas se reanudó. El esquema aplica para usuarios domésticos y comerciales, ajustándose según el consumo registrado en CFE. El DAP refleja la tensión entre necesidades financieras municipales y la exigencia de certidumbre del sector privado. Piedras Negras se convierte en un caso de confrontación directa, con posibles repercusiones para otros municipios si logra consolidar el cobro.
En colaboración de Edith Gámez (Monclova), Penélope Cueto (Saltillo), Alberto Solís (Región Carbonífera), Héctor Esparza (Torreón).
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