Productores de carbón: sólo 30 de 60 calificarían para contratos 2025‑2027
Un tercio de los productores de carbón podría quedar fuera de los contratos 2025‑2027 si no cumplen nuevos requisitos.
La Unión Mexicana de Productores de Carbón (UMPC) enfrenta un momento decisivo ante la próxima renovación de contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el periodo 2025-2027. El presidente del gremio, Bogar Montemayor, advirtió que al menos un tercio de las empresas carboneras en la Región Carbonífera podría quedar fuera si no cumplen con los estrictos requisitos técnicos y legales que actualmente supervisa el Servicio Geológico Mexicano (SGM).
Contratos vigentes en tensión
Los contratos actuales, correspondientes al periodo 2024-2025, vencieron oficialmente en febrero de este año. Sin embargo, la CFE otorgó una ampliación del 50% en el volumen pactado, la cual terminó en mayo. Pese a esta prórroga, Montemayor resaltó que “más de 15 o 16 productores quedaron al borde de la quiebra por los términos tan ajustados”, situación que revela la complejidad del contexto para las empresas.
Con la expiración de esta ampliación, se abre paso el nuevo ciclo contractual 2025-2027, en el que el SGM ha comenzado desde el 4 de junio un riguroso proceso de inspección in situ. Las brigadas verifican un extenso check-list que abarca desde reservas comprobadas y calidad del manto, hasta el estado legal y ambiental de cada mina. Estas visitas, lideradas por la directora del SGM, continuarán hasta finales de julio, y el dictamen técnico-legal resultante será la base para que la CFE decida a qué yacimientos invitará a licitar.
Solo la mitad de las empresas podrían continuar
Actualmente, 60 centros de trabajo están bajo evaluación. Sin embargo, la UMPC calcula que únicamente entre 30 y 40 de ellos podrían obtener un dictamen positivo que les permita participar en la licitación. La CFE proyecta contratar un total aproximado de 11 millones de toneladas de carbón durante el próximo periodo de tres años.
La exclusión de hasta 20 productores tendría un fuerte impacto social y económico. “Si caen 20 productores, miles de familias quedarían en riesgo”, alertó Montemayor, señalando que la cadena productiva no solo afecta a las minas, sino también al transporte y a los servicios asociados.
Condiciones contractuales cuestionadas
El líder de los carboneros también señaló que algunos contratos vigentes exigen volúmenes que superan la capacidad real de ciertas empresas, lo que ha derivado en incumplimientos y amenazas de rescisión. “No se puede jugar el patrimonio de una empresa con requisitos inalcanzables. Cuando un 30 o 40% del sector no puede cumplir, hay un problema estructural, no individual”, enfatizó.
Montemayor hizo un llamado para que las nuevas bases de licitación sean más viables, proponiendo que:
- Los volúmenes asignados sean acordes a la capacidad técnica y financiera de cada mina.
- Los tiempos de entrega sean realistas para evitar sanciones desproporcionadas.
- Los precios reflejen los costos operativos y la calidad del mineral extraído.
Investigaciones y aclaraciones
Respecto a un cateo reciente realizado por la Fiscalía General del Estado en una mina de la región, presuntamente por falta de pago de regalías, Montemayor aclaró que se trata de “un asunto civil y penal entre particulares”. Señaló que esta situación “no compromete al gremio ni a los contratos globales”, aunque la Unión ofrece asesoría legal y ambiental a cualquier socio que lo requiera.
Fortalecimiento del gremio
Finalmente, la Unión Mexicana de Productores de Carbón reconoció que su área técnica y ecológica ha sufrido debilitamientos en los últimos seis años. Por ello, ahora se enfocan en mantener actualizados y en regla los reportes ambientales y de seguridad, en cumplimiento con la normativa federal vigente.
Este proceso de depuración y actualización de requisitos marca un momento clave para la Región Carbonífera y sus productores, quienes deberán adaptarse a un mercado cada vez más regulado y exigente, con la mira puesta en mantener la viabilidad de una industria fundamental para el sector energético nacional.
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