Rechazan protestas en Los Ángeles por redadas migratorias
Las recientes protestas registradas en la ciudad de Los Ángeles, California, en respuesta a las redadas masivas contra migrantes que se están llevando a cabo en distintos puntos de Estados Unidos, han generado una ola de reacciones a nivel nacional. Las imágenes de enfrentamientos, quema de unidades y uso de gas lacrimógeno han sido ampliamente difundidas en medios y redes sociales, generando preocupación entre líderes comunitarios y autoridades locales.
Uno de ellos, el Comisionado del Precinto 4 del Condado de Maverick, Roberto Ruiz, expresó su rechazo a este tipo de manifestaciones violentas y lamentó que se haya llegado a estos extremos.
“Me entristece ver a lo que hemos llegado. Quemar unidades, arrojar gas, y utilizar medidas extremas como los llamados Marlins para ‘controlar’ a la gente, no es la forma de apaciguar los ánimos. Estas acciones no solo son contraproducentes, sino que también ponen en riesgo el progreso y la imagen de la comunidad latina”, declaró Ruiz.
El comisionado enfatizó que, si bien entiende el enojo y la frustración que generan las políticas migratorias actuales del gobierno federal, el camino debe ser el diálogo y la participación activa en los procesos democráticos, no la violencia en las calles.
Las redadas masivas han sido implementadas como parte de una estrategia de endurecimiento migratorio, la cual ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones civiles, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios. En ciudades con alta población latina, como Los Ángeles, la tensión ha ido en aumento, con protestas cada vez más intensas que buscan visibilizar el impacto humano de estas medidas.
Ruiz reiteró su llamado a la calma y a la organización pacífica como vía para exigir cambios, al tiempo que instó a los gobiernos estatales y locales a no quedarse al margen frente a lo que calificó como una situación crítica que afecta directamente a miles de familias trabajadoras.
“Nosotros, como representantes del pueblo, tenemos la obligación de alzar la voz y buscar alternativas que protejan a nuestras comunidades. Pero debemos hacerlo con responsabilidad y dentro del marco de la ley”, concluyó.
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