Reforma laboral beneficia a repartidores por aplicaciones
Reforma laboral en México reconoce derechos y seguridad social para repartidores de apps desde julio 2025, marcando un hito histórico en el sector digital.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo, vigente desde el 1 de julio de 2025, reconoce derechos laborales y seguridad social a repartidores de aplicaciones digitales en México.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo que regula a los trabajadores de plataformas digitales como Uber, Didi, Idimo y Tomandaros entrará en vigor el 1 de julio de 2025, y marca un parteaguas en el reconocimiento de derechos laborales para miles de repartidores en todo el país.
Publicada el 24 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), esta reforma fue calificada como “histórica” y “pionera” por Marath Baruch Bolaños López, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), durante la conferencia matutina del presidente, quien destacó que ahora los trabajadores por app tendrán acceso a seguridad social, salario digno y otras prestaciones.
Protección
El abogado Javier Urquizo, en entrevista, explicó que esta reforma establece un marco legal específico para quienes laboran en plataformas digitales. Indicó que, hasta ahora, los repartidores operaban en la informalidad, sin garantías ni prestaciones, y con escasa protección ante accidentes o enfermedades.
“Hoy se les reconoce como trabajadores formales. No podrán recibir un ingreso menor al salario mínimo, accederán al IMSS, vacaciones, utilidades y créditos de Infonavit”, explicó el jurista.
Además, subrayó que esta relación laboral mantiene un carácter flexible, permitiendo a los repartidores conectarse o desconectarse de la aplicación según su disponibilidad.
Urquizo puntualizó que si un repartidor permanece inactivo por más de 30 días, se considerará que la relación laboral ha terminado, lo que permite incluso mayor libertad a quienes alternan esta labor con otras actividades.
Aun con estas ventajas, algunos gremios de repartidores han protestado en diversas ciudades del país, incluyendo la Ciudad de México, donde el pasado 19 de junio bloquearon la Línea 7 del Metrobús. Alegan que la nueva ley no garantiza adecuadamente sus condiciones ante el IMSS y, sobre todo, les obliga a pagar impuestos que antes eludían bajo el esquema informal.
Seguridad
La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que esta reforma fue el resultado de un largo proceso de diálogo con empresas que en un inicio se opusieron. “No estaban muy de acuerdo, pero poco a poco se han ido convenciendo de la importancia de que estos trabajadores tengan derechos laborales. También es un trabajo de riesgo”, dijo la mandataria.
Urquizo, por su parte, destacó la importancia de proteger a los motociclistas, quienes están expuestos a accidentes viales. “Como abogado en el área penal, he llevado muchos casos de atropellamientos de jóvenes repartidores. Los restaurantes se deslindan porque legalmente no hay una relación laboral. Con esta reforma ya no podrán evadir esa responsabilidad”, aseguró. También recordó que actualmente muchos repartidores se sienten cómodos fuera del sistema por no pagar impuestos, pero advirtió que acogerse a la legalidad es una obligación para todos los trabajadores en México.
Futuro
La reforma también permite que los trabajadores puedan agruparse y constituirse como empresas propias si los patrones actuales no los contratan formalmente. “Tienen que ser creativos. Si los patrones no quieren asumir la relación laboral, ellos pueden generar sus propios grupos, establecer su organización, y formar una empresa de reparto”, aconsejó Urquizo. Finalmente, recalcó que este nuevo marco laboral busca equilibrio entre la protección de derechos y la flexibilidad que caracteriza a las plataformas digitales, reconociendo la evolución del trabajo en la economía digital. “La ley se adapta a las nuevas formas de empleo sin perder de vista la seguridad y dignidad de los trabajadores”, concluyó. Con su entrada en vigor el 1 de julio, México se convierte en uno de los primeros países de América Latina en establecer una legislación específica para este sector, avanzando hacia un modelo de trabajo más justo e incluyente.
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