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Región Carbonífera demanda urgente instalación de C2 estatal

La Región Carbonífera de Coahuila pide al Gobierno un C2 para mejorar la seguridad ante el aumento de operativos y detenciones.

C2
Alberto Solís
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Abogados, empresarios y ciudadanos piden al Gobierno del Estado instalar un Centro de Comando y Control para mejorar vigilancia

Ante el incremento de cateos, operativos y detenciones en la Región Carbonífera de Coahuila, abogados, ciudadanos y representantes de cámaras empresariales han reiterado el llamado urgente al Gobierno del Estado para instalar un Centro de Comando y Control (C2), que permita mejorar la vigilancia, coordinación e inteligencia en materia de seguridad pública.

Seguridad

El abogado Javier Orquiza, conocedor del sistema de justicia penal, subrayó que por ley es el Estado quien tiene la responsabilidad de instalar este tipo de infraestructura. “Los municipios pueden apoyar, pero el liderazgo debe ser estatal. Ya existen precedentes en Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras, donde el C2 ha fortalecido la respuesta policial y la prevención del delito”, puntualizó.

Los centros C2 integran cámaras de videovigilancia, tecnología de reconocimiento facial, drones y software de análisis para rastrear, identificar y seguir a presuntos responsables en tiempo real. Su eficacia ha sido demostrada en ciudades como la Ciudad de México, donde incluso casos televisivos han documentado cómo se logra ubicar y detener a delincuentes minutos después de cometer un delito.

“El Estado debe conectar a la Región Carbonífera a este sistema estatal de monitoreo. Sería un gran avance para la seguridad de todos los municipios de la zona”, enfatizó el abogado.

Participación

Orquiza reconoció el esfuerzo de organismos como la Canaco, que recientemente presentó una propuesta formal y ofreció recursos para colaborar con la instalación del C2. “Es un ejemplo de liderazgo empresarial. Sin embargo, es el Estado quien debe dar el paso y formalizar el proyecto”, reiteró.

Desde la ciudadanía, también hay esfuerzos de organización comunitaria. “En mi colonia tenemos cámaras, grupos de WhatsApp y Facebook, detectamos patrones delictivos y actuamos con anonimato. Si eso hacemos sin apoyo institucional, imaginen lo que lograríamos con tecnología de alto nivel”, expresó una activista local durante un encuentro con asociaciones civiles. Asociaciones de abogados también han comenzado a organizarse para promover esta causa de forma legal y ordenada. “Debemos presentar proyectos formales, alzar la voz y aprovechar las estructuras que ya tenemos como gremio. Así como los comerciantes ya ofrecieron apoyo, nosotros también podemos contribuir”, comentó.

Además, se hizo un llamado a viralizar esta exigencia en redes sociales y foros públicos. “La seguridad no es un tema que debe quedar en silencio por miedo. Si logramos hacer virales temas triviales, este debe ser un asunto que movilice a toda la región”, añadieron.

Riesgos

La ausencia de un C2 deja a la Región Carbonífera vulnerable ante el crimen. Orquiza advirtió sobre el llamado “efecto cucaracha”: cuando las grandes ciudades refuerzan su vigilancia, los grupos criminales migran a zonas desprotegidas. “Esto ya lo vivimos hace más de diez años. Nuestra región fue refugio de células delictivas. Las detenciones más grandes de aquel tiempo ocurrieron aquí”, recordó. La falta de tecnología limita no solo la prevención del delito, sino también la investigación y procuración de justicia. “Una cámara sola no sirve si no hay personal capacitado detrás. Es necesario que los operadores del C2, policías, ministerios públicos y abogados estén preparados y certificados para usar esta herramienta correctamente”, enfatizó.

También advirtió sobre el riesgo de corrupción interna. “Los operadores deben pasar por filtros de confianza. Un sistema puede ser eficaz, pero si quienes lo manejan filtran información, como ocurrió recientemente en Ciudad de México con funcionarios que fueron asesinados por fallas humanas, el sistema se vuelve vulnerable”, alertó.

Finalmente, Orquiza hizo un llamado directo a las autoridades estatales: “Sabemos que los recursos no son ilimitados, pero también sabemos que existen. Lo que falta es voluntad y aplicación. La seguridad es frágil, y debemos reforzarla desde ahora. No podemos dejar fuera a ninguna región del blindaje estatal. Es momento de actuar”.

 

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