Reportan carencia de fármacos esenciales en Institutos Nacionales de Salud
El Instituto Nacional de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Neurología enfrentan desabasto de medicamentos clave, afectando el tratamiento de varios pacientes.
La falta de medicamentos en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y el Instituto Nacional de Neurología afecta a pacientes que dependen de fármacos como Gabapentina, Citalopram y Clozapina Sicrep para sus tratamientos. Jorge Elías Téllez, vocero del Colectivo Unidos por la Salud Mental, señaló que en la farmacia del Instituto de Psiquiatría no cuentan con los medicamentos mencionados, lo que provoca que pacientes salgan sin recibir sus medicamentos prescritos.
Además, en el Instituto Nacional de Neurología, la falta de Clozapina Sicrep se agrava por una negativa jurídica para otorgar el medicamento a pacientes con amparo, situación que preocupa a familiares y activistas.
El colectivo ha exigido al Gobierno federal agilizar la licitación y distribución de medicamentos para el periodo 2025-2026, ya que la ausencia de un plan de emergencia genera un desabasto que se extiende en el sector público.
Denuncias previas
Desde finales de 2024, el colectivo Cero Desabasto ha reportado la falta continua de medicamentos oncológicos, así como fármacos para enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Los medicamentos para trastornos mentales, aunque no en primer lugar, también se encuentran entre los más reportados en plataformas de denuncia ciudadana.
Frida Romay, coordinadora del colectivo, confirmó que el desabasto se mantiene y comienza a afectar la salud mental de los pacientes que dependen de tratamientos específicos.
Propuesta legislativa para enfrentar el desabasto
La bancada del PAN en la Cámara de Diputados presentó una propuesta para reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público con el fin de crear un Comité de Testigos Sociales que incluya a organizaciones civiles de pacientes. Este comité tendría acceso a la información de contratos y la facultad de iniciar investigaciones para transparentar la compra de medicamentos por parte del Gobierno federal.
La iniciativa también propone establecer criterios estrictos para proveedores, exigir registros sanitarios y etiquetado en español, y aplicar sanciones a quienes incumplan con la distribución o generen retrasos.
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