'Si el pueblo quiere, me quedo; de lo contrario, me voy':

Durante la conferencia matutina del Ayuntamiento, el gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) acudió para presentar un informe de actividades correspondiente al primer semestre del año. La exposición incluyó una revisión de los avances, cambios estructurales y acciones implementadas dentro del organismo paramunicipal, así como respuestas a diversos cuestionamientos por parte de medios y ciudadanos, muchos de los cuales se enfocaron en la promesa de campaña: resolver en seis meses la problemática que aqueja al sistema de agua.

El funcionario, lejos de ofrecer una rendición de cuentas técnica o centrada en indicadores verificables, optó por abordar el asunto desde un discurso que osciló entre lo político y lo emocional. Uno de los señalamientos centrales fue precisamente el compromiso de transformar SIMAS en ese lapso de tiempo, bajo la condición de que, si no lo lograba, renunciaría a su cargo. En respuesta, el gerente declaró: “Si la población considera que debo dejar el organismo, por amor al pueblo les digo que sí lo haría”.

Con una postura cargada de dramatismo, el responsable de la paramunicipal no negó que los resultados aún no cumplen con las expectativas generadas durante su arribo. En cambio, justificó el avance limitado con argumentos que apelaron más a su intención de servicio que a los hechos comprobables. Afirmó que su compromiso no está atado a manuales pasados, ni a prácticas burocráticas, sino al deseo de “demostrar con hechos que soy un hombre de palabra”.

No obstante, su pronunciamiento estuvo lleno de ambigüedades. Por un lado, aseguró estar dispuesto a dejar el cargo si así lo exige la ciudadanía, pero por otro, introdujo la posibilidad de una suerte de “consulta popular” informal en redes sociales, asegurando que si se produjera un empate, no tomaría una decisión drástica para evitar que se interprete como una estrategia política. “No vine a hacer política, vine a servir”, sentenció, aunque su intervención reflejó claramente un tono político-electoral.

Además, pidió seis meses adicionales al plazo inicial, argumentando que se necesita más tiempo para consolidar los proyectos y acciones que se han comenzado a implementar. Con esto, deja en entredicho la solidez de la planificación original, que prometía soluciones rápidas a problemas históricos del sistema de agua, mismos que requieren un enfoque técnico, presupuestal y operativo, más allá de voluntarismos personales.

En su discurso, también se deslizó una defensa de la reelección —tema que ha generado controversia— al tiempo que manifestó su apoyo a la revocación de mandato, tratando de equilibrar el mensaje con una supuesta coherencia democrática. “Yo estoy de acuerdo con la reelección, pero también con la revocación. Tengo amor al pueblo”, expresó, construyendo un discurso que busca apelar a la empatía popular más que rendir cuentas de forma técnica.

Esta forma de manejar la responsabilidad pública, sin embargo, pone en evidencia una peligrosa tendencia: la personalización de las instituciones. Cuando un servidor público hace depender su permanencia de la percepción emocional en redes sociales, más que de auditorías, resultados y evaluaciones objetivas, se corre el riesgo de desplazar la gobernanza técnica por una lógica de popularidad mediática.

El gerente insistió en que su gestión está basada en una nueva forma de conducir la paramunicipal, rompiendo con lo que llamó “el manual que se tenía antes”, sin detallar cuáles eran esos procedimientos obsoletos o qué mecanismos los están sustituyendo. Este tipo de declaraciones, sin soporte técnico o institucional, debilitan el mensaje de cambio estructural y, en cambio, refuerzan una narrativa basada en la figura del “hombre providencial” que, con voluntad, resolverá los problemas de una institución compleja y con múltiples desafíos.

La petición de una prórroga de seis meses se presenta, entonces, como una extensión a una promesa que originalmente fue contundente y con fecha de caducidad. Al no cumplirse, se intenta redefinir el compromiso bajo términos subjetivos, sin asumir del todo el costo político del incumplimiento. Y aunque es válido reconocer que muchas veces los procesos institucionales requieren más tiempo del estimado, es igualmente cierto que asumir plazos irrealistas, sin diagnósticos claros, solo contribuye al desgaste de la confianza ciudadana.

Al final de su intervención, el gerente de SIMAS reiteró que su único interés es servir, pero dejó más preguntas que respuestas. ¿Qué avances concretos se lograron en estos seis meses? ¿Qué indicadores respaldan la solicitud de extender su periodo? ¿Qué mecanismos de rendición de cuentas serán implementados en los próximos meses? Y, sobre todo, ¿cómo se tomará la decisión de su permanencia sin caer en la manipulación de la opinión pública?

Lo cierto es que los problemas del sistema de agua en muchas ciudades del país —incluyendo Piedras Negras— son de carácter estructural. Van desde la falta de inversión histórica hasta el mal estado de la infraestructura, la insuficiencia en la cobertura de servicios, la opacidad en el manejo de recursos, la corrupción y la falta de planeación a largo plazo. Resolver estos problemas no es cuestión de carisma ni de declaraciones bien intencionadas, sino de políticas públicas serias, presupuesto suficiente, equipos técnicos preparados y voluntad de transformar más allá del discurso.

La gestión pública no puede ni debe basarse en si un funcionario “siente amor por el pueblo”, sino en si puede garantizar el derecho humano al agua con eficiencia, transparencia y resultados. Y aunque seis meses pueden ser poco tiempo para cambiarlo todo, es más que suficiente para presentar resultados parciales claros, medibles y verificables. Pedir tiempo extra sin mostrar logros concretos es un recurso frecuente en la política mexicana, pero cada vez menos creíble.

La ciudadanía merece claridad, responsabilidad y rendición de cuentas. No basta con decir que uno se va “si el pueblo quiere”; lo que se necesita es cumplir con el mandato que se asumió, no como una promesa de campaña, sino como una responsabilidad institucional.