Sin registro oficial, sindicato de Obras Públicas
El único registro que se tiene es del año de 1988 ante la junta local de conciliación y arbitraje.
Durante la conferencia matutina del Ayuntamiento de Piedras Negras, el apoderado jurídico municipal, Gilberto Múzquiz, dio a conocer que el denominado “sindicato de Obras Públicas” no cuenta con ningún registro vigente ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en Materia Laboral del Poder Judicial, por lo cual se considera que esta agrupación carece de legalidad desde el punto de vista laboral.
Este señalamiento implica que durante años los integrantes de dicho sindicato recibieron prestaciones que, conforme a la ley actual, son consideradas indebidas. Según lo explicado, el sindicato en cuestión sí contó en su momento con un registro ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje bajo el expediente 5/1988. Sin embargo, tras la reforma laboral de 2019, todos los sindicatos del país estaban obligados a legitimarse nuevamente ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El plazo para hacerlo concluyó en mayo de 2023.
El sindicato de Obras Públicas no cumplió con este procedimiento, por lo que, legalmente, dejó de tener validez su contrato colectivo de trabajo. Como consecuencia directa, explicó Múzquiz, desde el 1 de mayo de 2023 se considera extinto el contrato colectivo y todas las prestaciones pagadas a partir de esa fecha son consideradas ilegítimas.
En respuesta a esta situación, el municipio consignará ante el Tribunal Laboral con sede en Saltillo los montos correspondientes a prestaciones individuales para 110 trabajadores que formaban parte de la agrupación sindical. El monto total que será destinado asciende a 22 millones de pesos, que se distribuirán en diferentes cantidades según el caso de cada trabajador.
Los extrabajadores contarán con un plazo de 90 días para reclamar los montos asignados. Además, se contempla la posible recontratación de 40 empleados, aunque este proceso estará sujeto a las condiciones actuales del Ayuntamiento y las necesidades operativas de la Dirección de Obras Públicas.
Este caso pone en evidencia las consecuencias de no adecuarse al marco legal establecido por la reforma laboral de 2019, que buscó erradicar sindicatos "fantasma" o irregulares, exigiendo mayor transparencia, representatividad y legalidad en los procesos sindicales del país. Más allá del impacto administrativo y económico para el municipio, la falta de legitimación representa una pérdida significativa de derechos colectivos para los trabajadores involucrados.
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