Torres Cofiño acusa “secuestro hídrico” en reforma de Aguas

La reforma hídrica propuesta genera críticas por riesgos a derechos agrarios y mayor discrecionalidad gubernamental.

El diputado federal Marcelo Torres Cofiño lanzó una dura crítica contra la reforma a la Ley de Aguas impulsada por el Gobierno Federal, al afirmar que se trata de una “trampa legislativa” que busca disfrazar como avances lo que, en su opinión, representa un retroceso para el campo mexicano.

Cambios mínimos y riesgos a derechos agrarios

Según el legislador, el gobierno y su mayoría en el Congreso presumen modificaciones que aparentan haber atendido las demandas de los productores, pero que en realidad solo “cambian dos comas y mueven una palabra”, sin alterar los elementos que considera lesivos para los derechos agrarios. Entre ellos, señaló la eliminación de transmisiones de derechos, la prohibición de transmisiones parciales, la imposibilidad de cambios de uso y la concentración del control del agua en manos de la burocracia.

La “reasignación”: el punto más polémico

Torres Cofiño advirtió que el concepto de “reasignación”, que sustituye a la transmisión de derechos, es la pieza central de lo que califica como engaño: mientras la transmisión garantiza jurídicamente la continuidad del derecho al agua en ventas, herencias o reorganizaciones familiares, la reasignación implica solicitar un nuevo título ante Conagua, el cual dependerá de un comité que —afirma— operará bajo criterios políticos.

Incertidumbre en las concesiones

El legislador también cuestionó la supuesta ampliación del plazo para solicitar prórrogas de concesión, al señalar que el gobierno promociona como logro que puedan pedirse dos años antes de vencer, cuando la ley vigente permite hacerlo hasta con cinco años de anticipación. “Te quitan tres años de certeza y quieren aplausos”, expresó.

Llamado a una reforma auténtica

Torres Cofiño subrayó que sí está a favor de una reforma profunda, pero auténtica: que restituya transmisiones reguladas, permita cambios de uso bajo criterios técnicos y no políticos, establezca un registro público auditable y elimine la discrecionalidad para modificar volúmenes asignados a quienes invierten en eficiencia.

Consecuencias para el campo y la seguridad hídrica

De aprobarse la ley en los términos propuestos por el Gobierno Federal, sostuvo, sería “un golpe directo al campo, a la industria y a la seguridad hídrica del país”, al implicar pérdida de derechos, de certeza jurídica y de futuro. En palabras del legislador, la iniciativa equivale a un “secuestro hídrico con papel oficial”, en el que —afirmó— “no hay medias tintas: o estás del lado del campo o del lado del engaño”.

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