Tras cierre de oficina, Venezuela avanza hacia salida de CPI

El Parlamento venezolano presentó un proyecto para retirar al país de la CPI, luego de que el tribunal cerrara su oficina en Caracas.

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, presentó este martes un proyecto de ley para derogar el Estatuto de Roma y así concretar el retiro del país de la Corte Penal Internacional (CPI), una iniciativa que surge tras el anuncio de la Fiscalía de la CPI de cerrar su oficina en Caracas debido a la "falta de progreso real" en la cooperación con las autoridades venezolanas.

El diputado oficialista Roy Daza presentó la propuesta durante una sesión ordinaria, argumentando que la CPI ha adoptado una "posición sesgada" y se ha convertido en un ente "instrumentalizado por los poderes fácticos" del imperialismo. La ley derogatoria busca anular la adhesión de Venezuela al tratado que crea el tribunal con sede en La Haya. El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, respaldó la medida expresando el "profundo desprecio" del Parlamento hacia la institución.

Cierre de la oficina de la CPI en Caracas

La decisión parlamentaria se produce un día después de que la CPI anunciara el cierre de su oficina en la capital venezolana, inaugurada en 2024. El fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, explicó que, pese al diálogo sostenido, "el progreso real sigue siendo un reto" en materia de complementariedad, principio que obliga a los Estados a investigar los crímenes antes de la intervención de la Corte. No obstante, aclaró que la investigación sobre Venezuela "permanece activa" y continuará desde La Haya.

Postura del Gobierno de Nicolás Maduro

El Gobierno venezolano, a través de un comunicado de la Cancillería, acusó a la Fiscalía de la CPI de desatender sus deberes para justificar un "colonialismo jurídico". Sostuvo que "es muy obvio" que en el país no se han cometido crímenes de lesa humanidad y calificó el proceso de "instrumentalizado con fines geopolíticos". La CPI abrió la investigación en 2018 tras una remisión de varios países, y en 2023 autorizó reanudar las pesquisas sobre presuntos crímenes desde 2017, rechazando los argumentos de Caracas sobre investigaciones internas.

La aprobación del proyecto de ley sería el primer paso formal hacia la salida de Venezuela de la CPI, un proceso que tendría implicaciones significativas en el ámbito del derecho internacional y en el escrutinio sobre la situación de derechos humanos en el país. La medida refleja una escalada en el enfrentamiento entre el Estado venezolano y el principal tribunal penal mundial.

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