Tribunal frena despliegue de Guardia Nacional en Illinois
Un tribunal de apelaciones limitó el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois, frenando temporalmente la ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos decidió mantener bajo control federal a las tropas de la Guardia Nacional enviadas a Illinois, pero prohibió que patrullen o protejan propiedades federales, en medio de la controvertida ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.
El fallo judicial representa un freno a la estrategia migratoria de la administración Trump, que había ordenado el envío de tropas a varios estados bajo el argumento de un incremento en la criminalidad y el desorden público.
La jueza federal April Perry, quien bloqueó temporalmente la medida el jueves, argumentó que no existen pruebas sustanciales que respalden la existencia de un “peligro de rebelión” en Illinois. La magistrada extendió su decisión durante al menos dos semanas, mientras el tribunal evalúa más argumentos.
Freno temporal a la ofensiva migratoria de Trump
El tribunal de apelaciones anunció que el caso permanecerá en pausa mientras se analizan las apelaciones y los fundamentos constitucionales de la orden ejecutiva. La decisión judicial cuestiona la base legal con la que el presidente Donald Trump invocó la Ley de Insurrección, norma que permite desplegar militares en servicio activo cuando un estado no controla una insurrección o desafía la ley federal.
Perry citó en su resolución referencias históricas, incluyendo los Documentos Federalistas (1787-1788), para subrayar que el uso del ejército debe ser excepcional y solo cuando el poder civil haya fallado.“No se ha demostrado que el poder civil haya fallado”, afirmó Perry. “Los tribunales están abiertos, los alguaciles cumplen su función y no se justifica recurrir al ejército para imponer la ley”.
Contexto político y despliegue militar
Los 500 efectivos de la Guardia Nacional, provenientes de Texas e Illinois, se encontraban concentrados en un Centro de la Reserva del Ejército en Elwood, al suroeste de Chicago, mientras un número reducido fue destinado a un edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview.
Este despliegue forma parte de la ofensiva migratoria nacional de Trump, que busca aumentar los arrestos y deportaciones. Sin embargo, los reportes judiciales señalan que los agentes federales han podido desempeñar su labor sin interferencias y que los índices delictivos no justifican la intervención militar.
Implicaciones legales y políticas
La resolución del tribunal marca un nuevo capítulo en la disputa entre el Ejecutivo y el Poder Judicial sobre los límites constitucionales del uso de fuerzas militares en asuntos internos. Mientras tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que apelará la decisión, insistiendo en que la medida busca “preservar el orden y la seguridad nacional” ante lo que califican como una “crisis migratoria sin precedentes”.
El fallo podría servir de precedente en los otros estados donde Trump ha ordenado despliegues similares, como Texas, Arizona y Florida, y abre un debate sobre la autoridad presidencial frente a la autonomía estatal.
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